La Policía Nacional suspendió de sus funciones a cinco agentes que formaban parte de la patrulla comandada por el cabo José Francisco Moreta Heredia al momento en que este disparó contra Darlin Mercado Reyes durante un operativo realizado el 3 de julio en el sector La Cañada de Guajimía, Herrera. La medida disciplinaria responde a que los agentes actuaron con falta de humanidad y no mostraron reacción alguna ante el trágico suceso.
Los cinco policías fueron destituidos de sus cargos tras la viralización de un video en redes sociales que documentó el momento del disparo fatal. Las imágenes generaron una ola de repudio en la opinión pública y aceleraron las investigaciones del Ministerio Público, que pidió prisión preventiva en contra del cabo que ejecutó el disparo. Fuentes consultadas confirmaron que la decisión administrativa fue tomada considerando la conducta de los uniformados durante el operativo.
El caso de Mercado Reyes, de 24 años, ha generado un intenso debate sobre los protocolos de uso de la fuerza en operativos policiales en el país. Las autoridades aún investigan los detalles exactos de lo ocurrido, mientras el Ministerio Público continúa su proceso contra el cabo acusado del homicidio. La suspensión de los cinco agentes es una respuesta inicial de la institución policial a las críticas por la falta de intervención durante el hecho.
Investigación en curso y consecuencias administrativas
El Ministerio Público solicitó coerción contra Moreta Heredia, mientras que la Policía Nacional implementó medidas administrativas contra los efectivos que presenciaron los hechos. Según las fuentes, la conducta de los agentes durante el operativo fue catalogada como inapropiada y deshumanizada, ya que ninguno de ellos intentó intervenir o frenar la situación que desembocó en la muerte del joven.
La suspensión de los cinco policías representa un giro en la política disciplinaria de la institución, que ha enfrentado múltiples denuncias por supuestos abusos durante operativos. Este caso, que continúa en investigación, será determinante para establecer nuevos estándares sobre la responsabilidad compartida entre miembros de una patrulla cuando se comete un acto que viola los protocolos de seguridad ciudadana.