La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste aplazó para el próximo miércoles la audiencia de medida de coerción contra el cabo de la Policía Nacional José Francisco Moreta Heredia, acusado de disparar a quemarropa contra un joven en el sector Las Palmas de Herrera. El retraso en el conocimiento judicial ocurre después de que la defensa del uniformado solicitara más tiempo para preparar sus estrategias legales y presentar argumentos ante el tribunal.
El juez de atención permanente accedió a la petición del abogado del imputado, quien requería tiempo adicional para revisar el expediente y elaborar su presupuesto de defensa. Mientras tanto, la familia de la víctima mantiene sus posiciones en el caso: Bunel Ramírez, abogado que representa los intereses de los allegados del joven fallecido, ya ha adelantado que se opondrá categóricamente a que Moreta Heredia sea trasladado al Centro de Operaciones Especiales para cumplir una eventual medida de prisión preventiva.
Discrepancias sobre la edad de la víctima y próxima audiencia
Existe una variación en los registros judiciales respecto a la edad del joven ultimado. Mientras algunos reportes refieren que tenía 18 años, otras fuentes indican que contaba con 19 años al momento de los hechos ocurridos en el sector Las Palmas de Herrera. Esta disparidad documental no es menor en procesos de investigación criminal y puede influir en los argumentos que presente cada una de las partes durante las audiencias posteriores.
La audiencia reprogramada para el próximo miércoles al mediodía será determinante en el curso del proceso penal. En esa ocasión, el tribunal deberá evaluar la solicitud formal de medida de coerción y escuchar los argumentos tanto de la acusación como de la defensa. El caso ha generado atención en Santo Domingo Oeste, jurisdicción donde ocurrieron los hechos y donde residen los familiares del fallecido que buscan justicia a través de los canales legales.
La intervención de un miembro de la Policía Nacional en la muerte de un civil bajo estas circunstancias mantiene el foco en debates sobre el uso desproporcionado de la fuerza y el actuar de uniformados. Las autoridades judiciales tienen la responsabilidad de garantizar que el proceso se lleve con transparencia y que se respeten los derechos de ambas partes: la defensa del acusado y la búsqueda de justicia para la víctima y su familia.