Venezuela reportó este viernes 229 muertes adicionales por los terremotos del 24 de junio, elevando el saldo de fallecidos a al menos 4.118 personas, según cifras oficiales del gobierno. El balance, divulgado a través del canal de Telegram del presidente del Parlamento Jorge Rodríguez, también contabiliza 16.740 heridos y más de 17.900 personas desalojadas de sus hogares.
Los números reflejan la magnitud de la catástrofe natural que golpeó al país hace casi tres semanas. Además de los fallecidos y lesionados, las autoridades han identificado 17.907 personas sin vivienda y han atendido a 86.794 familias en centros de asistencia humanitaria distribuidos en todo el territorio nacional.
Rodríguez, quien también es hermano de la mandataria encargada Delcy Rodríguez, indicó que 17.266 personas permanecen en 89 campamentos temporales habilitados para albergar a los damnificados. El reporte oficial no proporciona detalles sobre la ubicación específica de estos campamentos ni sobre la capacidad de infraestructura disponible para atender a la población desplazada en las próximas semanas.
Desafíos en la respuesta humanitaria
La crisis generada por los terremotos ha expuesto las limitaciones del sistema de infraestructura y servicios en Venezuela. Las autoridades han priorizado la atención en campamentos temporales, pero la magnitud de personas sin techo plantea interrogantes sobre la capacidad a largo plazo de realojar a los desplazados. La cifra de familias atendidas (86.794) sugiere un esfuerzo de distribución de asistencia básica, aunque no hay detalles públicos sobre la naturaleza o suficiencia de esa ayuda.
El incremento de 229 muertes en un solo día evidencia que las labores de búsqueda y rescate continúan semanas después de la catástrofe. Los números oficiales solo incluyen fallecidos confirmados, lo que deja abierta la posibilidad de que la cifra real sea superior. El acceso limitado a información independiente en Venezuela complica la verificación de datos por organismos externos.
Las naciones vecinas y organismos internacionales de derechos humanos han expresado su disposición para colaborar, aunque la asistencia externa ha sido limitada. La reconstrucción de viviendas y la recuperación de sectores críticos como salud y educación requeriría recursos que el país enfrenta con dificultades económicas estructurales. Mientras tanto, las familias en campamentos temporales aguardan respuestas sobre cuándo podrán retornar a sus comunidades.