El Partido Comunista del Trabajo (PCT) encendió una alerta sobre el estado crítico de la Policía Nacional, argumentando que los parches institucionales ya no son suficientes y que la corporación requiere una transformación radical vinculada a una reforma democrática integral del sistema político dominicano.
Aquiles Castro, secretario general del PCT, planteó que la modernización de la institución policial es inseparable de un cambio profundo en las estructuras de poder que, según su análisis, han mantenido al país en lo que denominó una «democracia secuestrada por el oligopolio del partidismo tradicional».
La crítica del partido de izquierda trasciende el diagnóstico técnico sobre deficiencias operativas o de recursos. Castro cuestiona el modelo político que sostiene a la Policía Nacional, sugiriendo que mientras persista la concentración de poder en las manos de los partidos tradicionales, cualquier intento de mejorar la institución será superficial y temporal.
El diagnóstico de un colapso institucional acumulado
La advertencia del PCT coincide con una realidad observable en los últimos años: la Policía Nacional ha enfrentado crisis recurrentes que van desde sobrecarga operativa y falta de equipamiento hasta problemas de corrupción interna y deficiencias en capacitación. Los «remiendos» a los que se refiere Castro aluden a esos intentos puntuales de solucionar problemas específicos sin atacar las raíces estructurales del deterioro institucional.
Desde la perspectiva del PCT, esos remiendos incluyen cambios administrativos, aumentos salariales parciales, o reformas cosméticas que no logran resolver los problemas de fondo: una institución diseñada para operar dentro de un sistema político donde los intereses particulares de los partidos prevalecen sobre el interés público y la seguridad ciudadana.
La corporación policial dominicana ha experimentado transformaciones en décadas recientes, pero sin resultados concluyentes. Cambios de directores, reestructuraciones organizacionales y programas de capacitación no han traducido en mejoras sostenibles en indicadores de seguridad ni en confianza ciudadana. Esto sugiere que el problema trasciende lo administrativo.
El partido de izquierda plantea una pregunta incómoda para la clase política tradicional: ¿puede modernizarse una institución de seguridad dentro de un sistema político que beneficia a quienes controlan esa institución? Para Castro, la respuesta es negativa. Argumenta que una reforma genuina de la Policía Nacional requiere que quienes ostentan el poder político cedan espacios y control, algo que los partidos tradicionales no han demostrado disposición a hacer.
Esta posición del PCT refleja una crítica más amplia sobre el funcionamiento democrático en República Dominicana. No se limita a cuestiones de seguridad pública, sino que implica la distribución del poder político, la captura de instituciones por intereses particulares y la incapacidad del sistema para priorizar el bien común sobre las lealtades partidarias.
La transformación que Castro demanda va más allá de presupuestos, equipos o protocolos. Implica repensar para quién y desde qué lógica opera la Policía Nacional: si como brazo de un sistema político particulista o como institución al servicio del Estado de derecho y la seguridad de todos los ciudadanos sin distinciones.