La Fundación Primero Justicia levantó la voz esta semana para denunciar un problema que golpea el sistema carcelario dominicano: decenas de detenidos permanecen en destacamentos policiales sin ser trasladados a audiencias judiciales, acumulando días en espera de que se conozcan las solicitudes de medidas de coerción del Ministerio Público. La organización calificó la situación como secuestro y violación grave al Estado de Derecho, un diagnóstico que toca el corazón del funcionamiento judicial dominicano.
Según la denuncia, algunos arrestados llevan hasta seis semanas en destacamentos bajo condiciones de hacinamiento, sin una orden judicial definitiva que resuelva su situación legal. No se trata de atrasos menores ni de cuellos de botella administrativos: es un patrón sistemático que deja a ciudadanos en un limbo jurídico donde sus derechos procesales quedan suspendidos mientras esperan ser presentados ante un juez. La acumulación de personas en espacios no diseñados para detención prolongada agrava el cuadro, generando condiciones de vida que violan normas básicas de dignidad.
El costo humano de la demora judicial
Este fenómeno no es casual ni aislado. Refleja cuellos de botella en la cadena que une la captura policial, el traslado, y la audiencia judicial. Los destacamentos funcionan como cárceles temporales que se vuelven permanentes cuando el sistema judicial no absorbe la carga de casos a tiempo. El resultado es un limbo carcelario donde los detenidos no tienen acceso a los recursos legales mínimos: comunicación con abogados, revisión de pruebas, o conocimiento real de cargos específicos.
La Constitución dominicana y la Ley de Procedimiento Penal establecen plazos claros: un detenido debe ser presentado ante un juez dentro de 48 horas como máximo. Que algunos lleguen a permanecer seis semanas sin audiencia indica un colapso operativo o, en el mejor de los casos, una negligencia institucional de proporciones significativas. Fundación Primero Justicia no exagera al caracterizar esto como violación del Estado de Derecho: sin acceso a audiencia, no hay posibilidad real de defensa.
El hacinamiento mencionado en la denuncia añade otra capa de gravedad. Los destacamentos no están equipados para alojar personas durante semanas. La falta de espacio genera tensión, enfermedades, y riesgos de seguridad. Ciudadanos que podrían ser inocentes o que tienen derecho a medidas cautelares menos severas se ven atrapados en condiciones que violarían estándares penitenciarios internacionales si fueran detectadas en una auditoria seria.
Este problema también impacta la credibilidad del sistema judicial. Cuando la justicia tarda semanas en hacer cumplir sus propios plazos, socava la confianza pública en las instituciones. Abogados y ciudadanos ven un sistema que promete derechos sobre papel pero que en la práctica los congela en procedimientos administrativos. La denuncia de Fundación Primero Justicia es un llamado de alerta que el sistema judicial no puede ignorar sin convertirse en cómplice del problema.