El nuevo Código Penal dominicano enfrenta un obstáculo crítico antes de su entrada en vigencia: la mayoría de los abogados que ejercen en el país desconoce sus disposiciones, advirtió Alejandro Moscoso Segarra, exjuez de la Suprema Corte de Justicia. La alerta se produce cuando faltan semanas para que la normativa comience a aplicarse el 3 de agosto, generando preocupación sobre la capacidad del sistema judicial para implementar correctamente los cambios legales más significativos en décadas.
Moscoso Segarra expresó su inquietud durante su participación en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, donde enfatizó que aunque jueces y fiscales han recibido capacitación sobre la nueva legislación, el gremio de abogados litigantes permanece mayormente desprevenido. Esta brecha de conocimiento entre los operadores del sistema judicial genera dudas sobre cómo se resolverán las primeras interpretaciones y conflictos derivados de la aplicación del nuevo código, especialmente en casos complejos donde el criterio profesional de los letrados resulta determinante.
El jurista no solo identificó el problema, sino que también presentó una solución: la necesidad urgente de capacitar tanto a los abogados en ejercicio como a los futuros profesionales del derecho. Esta recomendación implica que instituciones como la Suprema Corte de Justicia, la Cámara de Diputados y los colegios de abogados deben coordinar programas intensivos de formación antes del 3 de agosto, o estar preparados para una transición caótica en los primeros meses de vigencia del código.
La brecha de capacitación en el sistema judicial dominicano
El diagnóstico de Moscoso Segarra refleja una realidad preocupante: mientras que el poder judicial ha tomado iniciativas para preparar a sus funcionarios, el sector privado de la abogacía ha quedado rezagado. Los abogados litigantes son quienes, en última instancia, presentarán los argumentos ante los jueces, redactarán demandas, excepciones y recursos basados en el nuevo marco legal. Su desconocimiento no es un problema académico, sino operativo que afecta directamente la calidad de la justicia.
La entrada en vigencia del nuevo Código Penal representa un cambio radical en la legislación penal dominicana, modificando procedimientos, penas, definiciones de delitos y garantías procesales que han permanecido relativamente estables durante años. El salto normativo requiere que todos los actores judiciales funcionen bajo las mismas coordenadas, lo que es imposible si un sector crucial permanece desinformado.
La Suprema Corte de Justicia y las instituciones académicas de derecho tienen una ventana de tiempo que se cierra rápidamente. Si bien el exjuez no especificó la extensión del desconocimiento entre los abogados, su afirmación sugiere que no se trata de casos aislados, sino de una tendencia generalizada. Esto significa que es probable que durante los primeros meses de aplicación del nuevo código, los tribunales enfrenten argumentaciones incompletas, recursos basados en criterios obsoletos y conflictos derivados de la interpretación divergente de la nueva normativa.
La solución más inmediata pasa por programas de capacitación acelerada, materiales educativos accesibles y, posiblemente, un período de transición donde se toleren ciertos márgenes de error mientras se consolida el conocimiento del nuevo marco legal. Sin estas medidas, el nuevo Código Penal puede convertirse en un instrumento que funciona en teoría, pero que enfrenta dificultades prácticas significativas desde su primer día de vigencia.