El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Peguero, ratificó la prisión preventiva del exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim, y otros cinco imputados en el caso conocido como *Cobra*. La decisión fue tomada durante la revisión obligatoria de la medida de coerción, en la que se investiga un presunto desfalco que supera los RD$15,900 millones a la institución.
Además de Hazim, los otros imputados que continuarán en prisión son Rafael Luis Martínez Hazi, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones y José Manuel Rodríguez. El magistrado Peguero argumentó que existen suficientes elementos de prueba que justifican la medida de coerción, considerando la gravedad de los hechos imputados y el riesgo de fuga de los acusados.
Detalles del caso y su impacto
El caso *Cobra* ha generado gran atención mediática y social, dado el monto involucrado y la naturaleza de los cargos. Según las investigaciones, los imputados habrían manipulado contratos y realizado transacciones fraudulentas que afectaron gravemente las finanzas de SeNaSa. La situación ha suscitado un debate sobre la corrupción en las instituciones públicas y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia.
La defensa de Santiago Hazim ha solicitado la revisión de la medida, argumentando que su cliente no representa un peligro para la sociedad ni un riesgo de fuga. Sin embargo, el juez Peguero desestimó estos argumentos, reafirmando la importancia de mantener la prisión preventiva como una medida cautelar necesaria en este tipo de casos.
El caso no solo involucra a los imputados mencionados, sino que también ha llevado a la implicación de otros funcionarios y a la revisión de contratos en diversas instituciones del Estado. Esto ha puesto de relieve la urgencia de una reforma en los procesos de adjudicación y supervisión de contratos públicos, con el fin de prevenir futuros actos de corrupción.
La decisión del juez se produce en un contexto donde la sociedad dominicana demanda justicia y transparencia en el manejo de los recursos públicos. La continuación de este proceso judicial será fundamental para determinar la responsabilidad de los imputados y establecer precedentes en la lucha contra la corrupción en el país.