La fortaleza de una democracia no se mide por la cantidad de leyes que un país acumula en sus códigos, ni por la elocuencia de los discursos que pronuncian sus líderes. Se mide, de manera mucho más concreta y reveladora, en la calidad de las respuestas que reciben los ciudadanos cuando entran a una institución pública.
Esa verdad incómoda define el estado real de la República Dominicana. Mientras el país celebra avances legislativos y reforma tras reforma constitucional, millones de dominicanos experimentan diariamente una realidad institucional distinta: funcionarios que no responden, procesos que se eternizan, derechos que permanecen en el papel y un Estado que, en la práctica, continúa dándole la espalda a quienes carecen de poder, apellido o influencia política.
El divorcio entre la ley escrita y la institución que debe ejecutarla es el principal obstáculo para que los derechos se conviertan en realidades. Un derecho reconocido constitucionalmente pero que tarda meses en hacerse efectivo, que requiere contactos para acelerar, que discrimina silenciosamente entre ricos y pobres, es un derecho que existe solo en teoría.
Instituciones que responden, ciudadanos que creen
En Santo Domingo, Santiago y otras ciudades, personas necesitan un documento de identidad actualizado, un permiso de construcción, una resolución de un conflicto administrativo. Lo que debería ser un trámite se convierte en una odisea. El tiempo promedio para resolver un acto administrativo simple excede los plazos legales. El acceso depende frecuentemente de si alguien «conoce a alguien» dentro de la institución.
Esta realidad erosiona algo más que la eficiencia estatal: erosiona la confianza en las instituciones democráticas. Un ciudadano que no puede acceder a sus derechos de forma clara, expedita y equitativa comienza a dudar de si la democracia realmente existe para él. Y esa duda, multiplicada por millones, debilita la legitimidad del sistema completo.
La reforma institucional es, por tanto, una tarea política urgente que va más allá de la creación de nuevas estructuras burocráticas. Requiere diagnósticos honestos sobre dónde fallan los sistemas, capacitación real del talento humano, transparencia en los procesos y, fundamentalmente, voluntad política de que los derechos alcancen a todos por igual.
Los órganos jurisdiccionales, las dependencias administrativas y las entidades de servicios públicos necesitan funcionar con estándares claros de desempeño. Cada institución debe medir su fortaleza no por cuántas personas atiende, sino por cuántas personas quedan satisfechas con la calidad y rapidez de esa atención.
La construcción de instituciones fuertes también demanda rendición de cuentas. Cuando un funcionario incumple sus deberes, cuando un proceso se estanca injustificadamente, cuando un derecho se niega arbitrariamente, alguien debe responder. No basta con leyes que castiguen en teoría; se necesita fiscalización real y consecuencias efectivas.
República Dominicana tiene instituciones formales. Lo que le falta es que esas instituciones funcionen como promete la Constitución: protegiendo a todos, escuchando reclamos, tramitando derechos sin discriminación, respondiendo a los ciudadanos. Cuando eso ocurra, la democracia dejará de ser un concepto para convertirse en algo que la gente experimenta cada vez que entra a una oficina pública.