La resolución que permitiría al alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, viajar al exterior sin autorización previa del Concejo de Regidores reavivó la polémica en torno a su gestión administrativa. El edil defendió la medida como un procedimiento existente, aunque sus argumentaciones generaron nuevas críticas entre sectores que cuestionan tanto la decisión como sus justificaciones públicas.
Peña atribuyó las críticas a una «mala interpretación» de la resolución, minimizando el alcance de una medida que, según sus detractores, concentra poder en la figura municipal al evadir el control legislativo local. El alcalde insistió en que se trata de un protocolo administrativo que ya formaba parte de los trámites internos del municipio, mas sus explicaciones no disiparon las dudas sobre la conveniencia de una resolución de esta naturaleza.
Las declaraciones de Peña reflejan un patrón recurrente en su administración: decisiones administrativas que generan tensión institucional seguidas de explicaciones que, lejos de cerrar debates, los profundizan. Esta no es la primera ocasión en que el alcalde enfrenta cuestionamientos por medidas que expanden sus atribuciones o por declaraciones que rozan lo polemico en materia de gestión pública.
Patrones de controversia en la administración municipal
Santo Domingo Oeste, el municipio más poblado de la República Dominicana después de la capital, requiere una administración transparente y sujeta a controles institucionales claros. La concentración de facultades en el ejecutivo municipal, sin supervisión del Concejo de Regidores, contradice principios básicos de gobernanza local que funcionan precisamente para evitar abusos y garantizar rendición de cuentas.
El argumento de Peña sobre la existencia previa del procedimiento genera más interrogantes que respuestas. Si el mecanismo ya estaba vigente, ¿por qué requería una resolución ahora? ¿Qué cambió en las condiciones administrativas que justifica formalizarlo de esta manera? La falta de claridad en estas respuestas alimenta suspicacias legítimas sobre los verdaderos móviles de la medida.
Los ediles que integran el Concejo tienen responsabilidad directa ante sus comunidades. El viaje de un alcalde al exterior puede implicar decisiones administrativas que afecten la gestión municipal durante su ausencia, designación de funcionarios interinos o compromisos internacionales que vinculan al municipio. Evadir la consulta a cuerpos colegiados es un retroceso institucional, independientemente de cómo se justifique.
La controversia también pone en evidencia un problema más amplio: la capacidad de autoridades municipales para moldear reglas administrativas en su propio beneficio. Santo Domingo Oeste merece una administración que respete los equilibrios de poder previstos en la ley, no una que los eluda mediante interpretaciones creativas de procedimientos existentes.
Las próximas semanas dirán si el Concejo de Regidores mantiene su postura crítica o si la resolución prospera sin mayores obstáculos. Lo cierto es que la gestión de Peña seguirá bajo escrutinio, particularmente porque sus acciones generan desconfianza entre sectores que esperan mayor transparencia en la administración de un municipio de la importancia de Santo Domingo Oeste.