Richard Medina, economista dominicano, demandó que el Gobierno publique la fórmula exacta utilizada para fijar los precios de los combustibles cada semana. El reclamo responde a la falta de transparencia que impide verificar si los ajustes realmente responden al comportamiento del mercado internacional o si obedecen a otros criterios. Medina advierte que esta opacidad perjudica a los consumidores y debilita la confianza pública en las decisiones de política energética.
Durante una intervención en medios esta semana, Medina fue directo: «hay mucha opacidad de cómo se determina el precio de la gasolina». El economista subraya que República Dominicana sufre de un problema estructural de información. Sin acceso público a la metodología, resulta imposible que ciudadanos, analistas y organismos independientes verifiquen la validez técnica de los cálculos. Esto genera sospechas sobre posibles manipulaciones o distorsiones que favorezcan intereses particulares.
La demanda de transparencia cobra relevancia en un contexto donde los precios internacionales del petróleo experimentan volatilidad. Las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán han presionado al alza los valores del crudo, un fenómeno que debería reflejarse en las bombas dominicanas según criterios claros y verificables. Sin embargo, la ausencia de una fórmula pública impide que la ciudadanía comprenda por qué sus combustibles cuestan más que en naciones vecinas con similares condiciones de importación.
Comparativa regional que evidencia el problema
Medina también señaló que los precios de combustibles en República Dominicana son comparativamente más elevados que en otros países de la región. Esta brecha sugiere que factores más allá de la cotización internacional influyen en lo que pagan los dominicanos en la gasolinera. Fletes, impuestos, márgenes de distribución y otras variables deben ser explicitadas para que exista verdadera rendición de cuentas.
La recomendación del economista es práctica y necesaria: el Estado debe publicar la fórmula de cálculo de precios, especificar qué porcentaje corresponde a cada componente y actualizar estos datos de forma regular. Algunos organismos internacionales han demostrado que esta transparencia refuerza la confianza institucional y reduce conflictividad social. En mercados energéticos sensibles como el dominicano, donde los combustibles impactan directamente el costo de vida, la información es un derecho ciudadano fundamental.
Hasta ahora, el Gobierno no ha respondido formalmente a estos llamados de transparencia. La continuidad de esta demanda indica que economistas y expertos ven en la publicidad de la fórmula un paso necesario para mejorar la gobernanza energética del país y garantizar que los ajustes semanales obedezcan a criterios técnicos, no políticos.