Un proyecto de ley que busca modificar el nuevo Código Penal dominicano intenta establecer protecciones legales para médicos en ejercicio, evitando que la muerte de un paciente o complicaciones médicas sean consideradas automáticamente como responsabilidad penal. La iniciativa, de autoría de la diputada Lidia Pérez, llega días después de las solicitudes del Colegio Médico Dominicano y cobra urgencia en momentos en que el código entrará en vigor en agosto.
El proyecto de ley propone agregar varios párrafos a un artículo que ya existe en el nuevo Código Penal. La intención es clara: blindar a los profesionales de la salud de persecuciones penales cuando actúan dentro de los protocolos establecidos y bajo los estándares de la práctica médica. Según la iniciativa, la muerte de un paciente o una complicación médica, por sí sola, no pueden ser fundamentos suficientes para atribuir responsabilidad penal a un profesional sanitario.
El Colegio Médico Dominicano ha insistido en la necesidad de estas protecciones legales. Los galenos argumentan que la incertidumbre jurídica genera un clima de temor entre los médicos, limitando su capacidad de tomar decisiones clínicas oportunas. La preocupación no es nueva: en jurisdicciones con marcos legales ambiguos, los profesionales tienden a practicar «medicina defensiva», priorizando la protección legal sobre el bienestar del paciente.
Protección legal vs. rendición de cuentas médica
El proyecto busca equilibrar dos realidades: proteger a médicos que actúan de buena fe y dentro de protocolos establecidos, sin crear impunidad para negligencias o errores cometidos con dolo. La diferencia es crucial. Una muerte durante un procedimiento quirúrgico complicado no es lo mismo que ocultar un diagnóstico o administrar un tratamiento sabidamente ineficaz.
El nuevo Código Penal dominicano, que entrará en vigor en agosto tras años de tramitación legislativa, incluye disposiciones sobre responsabilidad penal que preocupan al sector médico. Sin las clarificaciones propuestas, los abogados penalistas advierten que muchas muertes en hospitales podrían dar lugar a investigaciones criminales innecesarias, sometiendo a médicos a procesos judiciales largos incluso cuando actuaron correctamente.
La iniciativa plantea un desafío legislativo complejo. Debe reconocer que la medicina es una ciencia con márgenes de incertidumbre inherentes, donde no todos los desenlaces negativos representan delitos. Simultáneamente, debe mantener mecanismos de accountability para casos donde hay negligencia grave, imprudencia o violación deliberada de protocolos establecidos.
El proyecto de la diputada Pérez llega en momento crítico. Con el nuevo Código Penal a días de su entrada en vigor, las modificaciones a este proyecto podrían definir el clima legal en que operará el sistema sanitario dominicano en los próximos años. La decisión del Congreso Nacional sobre esta iniciativa determinará si los médicos contarán con el marco legal que demandan para ejercer sin temor a persecuciones injustificadas.