Tres partidos políticos de oposición exigieron este martes una transformación integral de la Policía Nacional, argumentando que la cifra de 147 muertes en enfrentamientos policiales durante los primeros seis meses de 2026 representa una crisis humanitaria que demanda acciones inmediatas. Los líderes de Alianza País, Frente Amplio y Opción Democrática se pronunciaron en conjunto durante una rueda de prensa en Santo Domingo, reclamando que estos homicidios dejen de perpetuarse bajo la justificación de procedimientos operativos.
Guillermo Moreno, presidente de Alianza País; María Teresa Cabrera, del Frente Amplio, y Alejandro Martínez, de Opción Democrática, calificaron como «insólito» que casi 150 dominicanos hayan perdido la vida a manos de agentes policiales en tan solo medio año. La gravedad del dato radica en su comparación histórica: representa un promedio de una muerte cada 1.2 días en operativos policiales, un ritmo que contrasta con los estándares internacionales de uso de la fuerza en cuerpos de seguridad democráticos.
Los tres líderes políticos coincidieron en que las muertes no son incidentes aislados sino evidencia de un sistema institucional que requiere rediseño desde sus cimientos. Señalaron que la Policía Nacional necesita reformas en capacitación, cadena de mando, protocolos de escalamiento de fuerza y, especialmente, en mecanismos de supervisión interna y externa. La demanda incluye la implementación obligatoria de cámaras corporales, investigaciones independientes de cada caso y rendición de cuentas efectiva para los agentes involucrados.
La presión política crece en torno a la seguridad
Esta posición conjunta de tres partidos opositores refleja un consenso creciente en la sociedad civil dominicana respecto a que el modelo actual de seguridad pública ha llegado a sus límites. Organizaciones de derechos humanos han documentado casos donde civiles desarmados fueron abatidos durante operaciones que, según reportes oficiales, se describen como «enfrentamientos» o «resistencia a la autoridad». La credibilidad de estas narrativas ha sido cuestionada repetidamente por grupos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
El contexto político es relevante: estas exigencias llegan en momentos cuando la administración actual mantiene una política de seguridad basada en operativos intensivos contra el crimen organizado. Aunque el Gobierno ha reducido homicidios dolosos en algunos indicadores, el costo en vidas civiles ha generado tensión con sectores que demandan una aproximación diferente. Los partidos de oposición ven en este tema una oportunidad política legítima para cuestionar las prioridades del ejecutivo.
Moreno, Cabrera y Martínez enfatizaron que exigir transformación policial no significa debilitar la seguridad, sino fortalecer la institucionalidad. Plantearon que una policía mejor entrenada, mejor supervisada y más profesional sería más efectiva contra el crimen que una que dispara primero y justifica después. El discurso político busca reposicionar el tema en términos de eficiencia institucional y no solo de sensibilidad humanitaria, lo que amplía su potencial de respaldo ciudadano.
Las tres agrupaciones convocaron a ampliar el debate con otros actores políticos, organizaciones civiles y funcionarios para elaborar una propuesta legislativa integral. Aunque no detallaron un cronograma específico, su unidad estratégica sugiere que esta podría convertirse en una iniciativa parlamentaria formal en los próximos meses, independientemente de la respuesta del Gobierno.