La Federación Dominicana de Lucha Contra las Drogas (FEDELUCD) ha presentado una acción directa de inconstitucionalidad contra el artículo 318 del nuevo Código Penal Dominicano. La organización argumenta que este artículo vulnera derechos fundamentales, tales como el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de asociación y el principio de legalidad, que están consagrados en la Constitución de la República.
La impugnación fue formalizada ante el Tribunal Constitucional por los representantes de FEDELUCD, quienes sostienen que el artículo en cuestión penaliza conductas que deberían ser consideradas desde una perspectiva de salud pública y derechos humanos. La Federación considera que la criminalización de ciertas conductas relacionadas con las drogas no solo es ineficaz, sino que también perpetúa estigmas y afecta a comunidades vulnerables.
Argumentos de la Federación
En su argumentación, FEDELUCD señala que el artículo 318 establece sanciones desproporcionadas que no responden a un enfoque preventivo o de tratamiento. “Este tipo de legislación no solo ignora el contexto social y económico en el que se desarrolla el fenómeno de las drogas, sino que también limita el acceso a programas de rehabilitación y apoyo”, afirmó uno de los representantes de la organización.
La Federación también ha destacado que el enfoque punitivo del Código Penal no ha demostrado ser efectivo en la reducción del consumo de drogas ni en la disminución de la criminalidad asociada. En cambio, proponen un enfoque más integral que incluya la educación, la prevención y el tratamiento de adicciones como parte de una política de salud pública.
Este movimiento se enmarca en un contexto más amplio de debates sobre la política de drogas en la región. Varios países han comenzado a replantear sus enfoques hacia la legalización y despenalización de ciertas sustancias, buscando modelos que prioricen la salud y los derechos humanos sobre la criminalización. La República Dominicana, sin embargo, ha mantenido una postura más rígida en su legislación, lo que ha generado críticas de diversas organizaciones sociales y de derechos humanos.
La decisión del Tribunal Constitucional sobre esta impugnación podría tener un impacto significativo en la forma en que se aborda la problemática de las drogas en el país. De ser acogida la solicitud de FEDELUCD, se abriría un camino hacia una reforma más profunda en las políticas de drogas, alineando la legislación con los principios de respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas.