La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, se reunió este martes con una delegación del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), liderada por su presidente, Celso Juan Marranzini. El encuentro tuvo lugar en un contexto de análisis sobre el nuevo código penal, donde se discutieron los principales retos y oportunidades que este representa para el sector privado y la justicia en el país.

Durante la reunión, Reynoso enfatizó la importancia de la colaboración entre el sector público y privado para garantizar un marco legal que fomente la inversión y el desarrollo económico. «El nuevo código penal debe ser una herramienta que no solo castigue, sino que también prevenga y promueva la justicia social», afirmó la procuradora. Esta declaración resalta la necesidad de un enfoque equilibrado que contemple tanto la protección de los derechos de los ciudadanos como el impulso de un ambiente propicio para los negocios.

Por su parte, Marranzini expresó que el Conep está comprometido con el proceso de reforma y que es fundamental que las voces del sector privado sean escuchadas en la creación de leyes que impacten directamente en la economía. «Nosotros queremos ser parte de la solución y colaborar en la construcción de un código que beneficie a todos», indicó el presidente del Conep. Este tipo de diálogos es esencial para asegurar que las reformas legales sean efectivas y pertinentes.

Retos del nuevo código penal

El nuevo código penal ha sido objeto de debate en diversas instancias, ya que se busca actualizar y modernizar la legislación existente. Entre los principales puntos discutidos se encuentran la despenalización de ciertos delitos menores y la introducción de medidas que faciliten la reinserción social de los infractores. Estas propuestas han generado opiniones divididas, tanto en el ámbito político como en el empresarial.

La procuradora también destacó que la reforma debe contemplar mecanismos que fortalezcan la lucha contra la corrupción y la impunidad, temas que han sido críticos en la agenda pública dominicana. «No podemos permitir que el nuevo código penal sea un retroceso en la lucha por una justicia más efectiva», subrayó Reynoso. Este enfoque es vital para restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

El Conep, en su papel como representante del sector empresarial, ha manifestado su disposición a colaborar con el gobierno en la creación de un marco legal que no solo sea justo, sino que también promueva un clima de negocios favorable. La reunión entre Reynoso y Marranzini es un paso hacia la construcción de un consenso que permita avanzar en la reforma del código penal, asegurando que se tomen en cuenta las necesidades y preocupaciones de todos los sectores involucrados.

En conclusión, la discusión sobre el nuevo código penal es un tema que trasciende lo jurídico y se adentra en el ámbito social y económico. La colaboración entre la procuraduría y el Conep es un ejemplo de cómo el diálogo puede ser un motor para el cambio y la mejora de la justicia en la República Dominicana.

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