Juan Hubieres, presidente del Movimiento Rebalde y líder sindical del transporte, exigió este domingo una auditoría técnica al procedimiento de fijación de precios de combustibles del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. La demanda surge tras identificar un sobreprecio de RD$35.18 por galón en el GLP, que según Hubieres perjudica desproporcionadamente a los sectores con menores ingresos del país.

El sindicalista fundamentó su reclamo en un análisis técnico que cuestiona la metodología actual empleada por el MICM para establecer los costos de los hidrocarburos. Según la información que maneja, existe una distorsión significativa entre el precio internacional y lo que finalmente paga el consumidor dominicano, especialmente en el gas licuado de petróleo, insumo crítico para el transporte de pasajeros y carga que depende del sector que Hubieres representa.

La posición de Hubieres refleja una tensión creciente entre los actores económicos y el gobierno respecto a la transparencia en la cadena de fijación de precios energéticos. El mecanismo actual, que combina referencias de mercado internacional con ajustes locales, ha sido objeto de múltiples cuestionamientos desde diferentes sectores que reclaman mayor claridad en los cálculos y la eliminación de márgenes que consideran excesivos.

Un problema que afecta la cadena de transporte

El impacto del sobreprecio denunciado va más allá de los consumidores de GLP doméstico. El sector transportista, que depende críticamente de combustibles subsidiados o de precio controlado, enfrenta presiones crecientes en sus márgenes operacionales. Hubieres advierte que estos costos adicionales se transfieren inevitablemente a los pasajeros y consumidores de bienes que requieren transporte, agravando la inflación en artículos de consumo básico.

La exigencia de una auditoría técnica implica que se abra el procedimiento de fijación de precios a un escrutinio externo e independiente. Hubieres ha propuesto que entidades académicas, como el Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, participen en la revisión de la metodología empleada actualmente por el MICM. Esto incluiría verificar si existen márgenes de intermediación injustificados o errores en los cálculos de conversión y ajustes.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes ha mantenido históricamente que sus ajustes responden a variables técnicas complejas, incluidos costos de transporte, almacenamiento y distribución. Sin embargo, la opacidad en estos procesos ha alimentado desconfianza entre operadores del sector privado y líderes de organizaciones sindicales y sociales.

Hubieres no es la primera voz que clama por mayor transparencia en estos mecanismos. Durante los últimos años, tanto transportistas como productores agrícolas han presentado denuncias similares, argumentando que los sobprecios en combustibles erosionan sus márgenes de ganancia y reducen su capacidad competitiva. Una auditoría técnica podría ofrecer datos concretos que resuelvan estas disputas o confirmen los cuestionamientos planteados.

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