Tobías Crespo, diputado de la Fuerza del Pueblo y exdirector de la desaparecida Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre, cuestionó las prioridades presupuestarias del Estado dominicano al afirmar que la República Dominicana destina más recursos para atender las consecuencias de los accidentes viales que para invertir en educación. La denuncia, realizada durante el lanzamiento de su libro sobre la Ley de Movilidad, expone un desequilibrio económico que refleja cómo la siniestralidad vial funciona como un drenaje silencioso de recursos públicos.
El planteamiento de Crespo parte de datos alarmantes sobre el costo real que generan los accidentes de tránsito en el país. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, la atención médica, la rehabilitación y las pérdidas de productividad derivadas de la siniestralidad vial —incluyendo horas hombre perdidas y años de vida eliminados por muertes o discapacidades— representan un costo anual desproporcionado. Estas cifras incluyen gastos hospitalarios, medicinas, procedimientos quirúrgicos, terapias prolongadas y el impacto económico en familias que pierden ingresos por incapacidad laboral.
El mensaje resulta polémico porque confronta una realidad que los gobiernos prefieren mantener en segundo plano: mientras se discute sobre déficit educativo y falta de infraestructura escolar, el sector salud absorbe presupuestos gigantescos tratando lesiones que pudieron haberse prevenido. Crespo subraya que esta asignación de recursos representa una inversión reactiva, no preventiva. El dinero se gasta en reparar daños ya ocurridos en lugar de invertir en educación vial, mantenimiento de carreteras y aplicación de leyes de tránsito.
Un problema estructural de prioridades públicas
La comparativa que presenta el diputado toca un nervio fundamental en la política presupuestaria dominicana. El sistema sanitario nacional absorbe recursos destinados a cirugías de emergencia, cuidados intensivos y rehabilitación de víctimas de accidentes viales, mientras que el sector educativo enfrenta crónicos recortes presupuestarios y deterioro de infraestructura. Esta paradoja evidencia que el Estado domina el corto plazo pero falla en la visión a largo plazo.
Durante el evento de presentación de su obra sobre la Ley 63-17, Crespo enfatizó el impacto económico y social de la siniestralidad vial, señalando que el país pierde productividad, capital humano y recursos financieros por negligencia en materia de seguridad vial. La ley que analiza en su libro es precisamente el instrumento que debería canalizar esfuerzos preventivos, pero su implementación depende de voluntad política y asignación presupuestaria efectiva.
El cuestionamiento no es meramente contable. Detrás de los números está la pregunta incómoda sobre decisiones políticas: ¿por qué un país continúa permitiendo que su población muera y se incapacite en carreteras deficientes y sin vigilancia adecuada? ¿Qué dice sobre las prioridades nacionales que se gaste más en consecuencias que en prevención? La intervención de Crespo, con su experiencia previa en el organismo rector de tránsito, añade peso a un debate que trasciende lo técnico para entrar en lo político.