El Senado de la República aprobó en segunda lectura este viernes el proyecto de ley que regulariza los juegos de azar en el país, marcando un paso significativo hacia la institucionalización de una industria que ha operado de manera dispersa y sin supervisión uniforme durante décadas. La iniciativa establece un marco legal para autorizar, fiscalizar y supervisionar a personas físicas y jurídicas que desarrollen, operen o comercialicen actividades de apuestas en territorio dominicano.
El proyecto responde a una demanda histórica de ordenamiento en un sector donde conviven desde casinos tradicionales hasta plataformas digitales de apuestas deportivas, sin regulación clara. La normativa busca crear estándares mínimos de funcionamiento, protección al consumidor y recaudación fiscal en modalidades de juego que van desde lotería, bingo, máquinas tragamonedas, hasta apuestas deportivas en línea. El objetivo declarado es transformar una industria informal en un sistema transparente con obligaciones tributarias definidas.
La aprobación en segunda lectura coloca el proyecto en la recta final del proceso legislativo. Falta únicamente el tercer debate, que determinaría si la iniciativa se convierte en ley dentro de este período legislativo. Este avance legislativo ocurre en momentos en que la Superintendencia de Seguros y Fondos de Pensiones y la Dirección General de Impuestos internos han buscado delimitar competencias sobre la supervisión de estas actividades, generando fricciones institucionales sobre quién tendría la autoridad final.
Mercado en sombras busca luz regulatoria
La República Dominicana es uno de los pocos países de la región donde los juegos de azar carecen de una ley integral que los regule. El vacío normativo ha permitido el florecimiento de operadores sin licencia, plataformas digitales no autorizadas y una competencia desleal entre casinos formales e informales. La recaudación tributaria en este sector es fragmentada y difícil de cuantificar, lo que representa pérdidas significativas para el erario nacional.
Expertos en política fiscal han estimado que una regulación integral podría generar ingresos anuales entre 15 y 25 millones de dólares, según la estructura tributaria que se implemente. Estos recursos podrían destinarse a educación o salud, aunque el proyecto aún no especifica claramente el destino de estos fondos. El sector del juego representa un mercado considerable en la economía informal dominicana, con miles de personas empleadas de manera directa e indirecta.
La aprobación senatorial no ha sido exenta de críticas. Organizaciones civiles y religiosas han expresado preocupación sobre potenciales impactos sociales de una mayor liberalización de las apuestas, particularmente en poblaciones vulnerables. El proyecto incluye disposiciones sobre límites de apuestas y programas de juego responsable, aunque activistas cuestionan si estas medidas serán suficientes o simplemente decorativas en la implementación.
El próximo paso legislativo requerirá que el proyecto supere el tercer debate. Si avanza, el gobierno deberá crear una autoridad reguladora específica, lo que implicará asignación presupuestaria y conformación de equipos técnicos. La implementación de un sistema de licencias, auditorías periódicas y cumplimiento normativo representa un desafío administrativo considerable para un Estado que históricamente ha mostrado debilidades en fiscalización de sectores económicos complejos.