Félix Bautista propone eliminar cárcel por violaciones a la Ley de Libre Expresión, abogando por sanciones económicas en lugar de penas privativas de libertad. El senador por San Juan presentó su posición este miércoles, cuestionando la pertinencia de encarcelar a personas que infrinjan la Ley de Difusión y Expresión del Pensamiento contemplada en el nuevo Código Penal dominicano.
La propuesta del legislador desafía el marco punitivo actual, que incluye sanciones carcelarias para violaciones graves a la normativa sobre libertad de expresión. Bautista argumentó que estas medidas no serían «prudentes» en un estado democrático, sugiriendo en su lugar multas y penas económicas que disuadan a los infractores sin afectar su libertad personal.
Esta posición emerge en un contexto donde República Dominicana ha enfrentado críticas internacionales sobre el manejo de casos relacionados con libertad de prensa y expresión. Organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación sobre sanciones desproporcionadas que podrían limitar el ejercicio legítimo de estos derechos fundamentales.
Debate sobre castigo y libertad en democracia
La intervención de Bautista refleja una discusión más amplia en América Latina sobre cómo equilibrar la regulación de discursos problemáticos con la protección efectiva de la libre expresión. Muchas naciones han optado por sanciones económicas progresivas antes que privación de libertad, considerando que esta última genera un efecto restrictivo mayor sobre el ejercicio de derechos.
El nuevo Código Penal dominicano, aprobado recientemente, fortaleció las sanciones por violaciones a la Ley de Difusión y Expresión del Pensamiento. Sin embargo, expertos en derecho constitucional han advertido que penalizaciones carcelarias excesivas pueden convertirse en herramientas de censura contra críticos políticos, periodistas o activistas, más allá de casos de difamación o incitación a violencia comprobada.
La propuesta del senador busca recalibrar estas disposiciones hacia un enfoque más proporcionado. Las multas graduadas según la gravedad del acto permitirían mantener consecuencias legales sin afectar derechos fundamentales de reclusos que, en teoría, cometieron infracciones relacionadas con expresión.
Bautista no es el único legislador que ha cuestionado la severidad de estas sanciones. Defensores de derechos civiles han señalado que las democracias consolidadas tienden a reservar prisión para delitos que impliquen violencia, fraude o daño directo verificable, no para expresiones que, aunque controvertidas o falsas, no generan daño físico inmediato.
La viabilidad política de esta reforma dependerá del apoyo en el Senado y de la disposición del Poder Ejecutivo a modificar disposiciones del Código Penal apenas implementadas. El tema toca aspectos sensibles: garantías procesales, responsabilidad civil por daños morales, y los límites reales de la libre expresión en contextos polarizados.