El senador por San Juan Félix Bautista propuso este miércoles que los delitos relacionados con libertad de expresión e información dejen de ser penados con prisión y se sustituyan por sanciones económicas. La iniciativa se presentó durante la sesión legislativa sobre la entrada en vigor del nuevo Código Penal, marcando un giro en la política criminal dominicana respecto a estos delitos.
La propuesta representa un cambio significativo en la forma en que la República Dominicana aborda las infracciones vinculadas a derechos fundamentales. Bautista argumentó que las medidas privativas de libertad no son proporcionales para este tipo de conductas y que las multas u otras sanciones económicas serían más acordes con la naturaleza de estas violaciones.
En el contexto regional, varios países latinoamericanos han avanzado en reformas similares durante la última década. México, Argentina y Uruguay han eliminado o reducido significativamente las penas de cárcel por delitos de prensa, reconociendo que la criminalización excesiva contraviene estándares internacionales de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha documentado que las penas privativas de libertad por expresión tienen efectos inhibidores en el ejercicio de este derecho fundamental.
Implicaciones para el sistema de justicia dominicano
La iniciativa del legislador por San Juan se alinea con recomendaciones de organismos internacionales que han cuestionado la legislación penal dominicana en materia de expresión. Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos han señalado que la penalización excesiva de estos delitos genera autocensura y debilita el espacio democrático.
Sin embargo, la propuesta requiere consenso en el Senado. Algunos sectores pueden argumentar que ciertos delitos, como la difamación agravada o las injurias contra funcionarios públicos, requieren mayor severidad. El debate legislativo precisará cuáles infracciones se despenalizarán y bajo qué criterios se aplicarán las multas.
La entrada en vigor del nuevo Código Penal ya ha generado tensiones sobre cómo equilibrar la seguridad pública con los derechos fundamentales. Esta propuesta específica sobre libertad de expresión será uno de los temas más controvertidos en las próximas semanas, puesto que implica decisiones sobre qué conductas merecen castigo y de qué magnitud.
Bautista fundamentó su posición en el principio de proporcionalidad, argumentando que una multa económica suficientemente elevada puede ser disuasiva sin vulnerar el derecho a la libre expresión. La discusión pendiente en el hemiciclo determinará si esta lógica prevalece o si prevalecen criterios más restrictivos.