Haití conmemoró este martes el quinto aniversario del asesinato del presidente Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021 en su residencia privada de Pétion-Ville, Puerto Príncipe. El crimen, perpetrado por un grupo de mercenarios, marcó un punto de inflexión en la espiral de deterioro institucional que ha sumergido al país caribeño en una crisis sin precedentes. A cinco años del magnicidio, Haití sigue atrapado en un ciclo de violencia, colapso estatal e inseguridad que ha dejado al país prácticamente en estado de sitio.
El Gobierno haitiano organizó una ceremonia oficial encabezada por el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, que reunió a miembros del ejecutivo y representantes del Alto Mando de la Policía Nacional. Sin embargo, el acto oficial no puede ocultar una realidad incómoda: la investigación judicial sobre el magnicidio avanza con una lentitud paralizante, mientras la familia Moïse mantiene sus exigencias de justicia sin respuestas satisfactorias.
La justicia atrapada en la burocracia
Cinco años después del crimen, el sistema judicial haitiano no ha logrado esclarecer completamente los hechos ni castigar a todos los responsables intelectuales del asesinato presidencial. Aunque se han identificado y procesado mercenarios involucrados en la ejecución material, los hilos que conectan con los mandantes permanecen oscuros. Esta lentitud judicial refleja un problema estructural más profundo: la debilidad institucional del Estado haitiano, que carece de capacidad operativa y de recursos para investigaciones complejas de alto nivel político.
La familia del expresidente ha denunciado la falta de avances significativos en las pesquisas y ha exigido que se investigue a fondo la cadena de mando detrás del asesinato. Sus demandas de justicia contrastan con la realidad de un país donde la impunidad es la norma y donde muchos crímenes de menor relevancia tampoco tienen resolución.
Desde el magnicidio, Haití ha experimentado un deterioro acelerado en todos los indicadores de gobernanza. La inseguridad ha alcanzado niveles alarmantes, con bandas criminales controlando amplias zonas de Puerto Príncipe y otras ciudades. La Policía Nacional de Haití se enfrenta a una tarea titánica: enfrentarse a grupos armados organizados, financiados por el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, sin contar con equipamiento, entrenamiento o números suficientes para mantener el orden.
El vacío de poder dejado por la muerte de Moïse ha sido llenado por actores criminales en lugar de instituciones democráticas. Sucesivos gobiernos han intentado recuperar la normalidad institucional, pero cada administración ha enfrentado limitaciones severas para ejercer autoridad en el territorio nacional. La presencia de fuerzas de seguridad extranjeras ha sido intermitente y, en ocasiones, controvertida.
La crisis económica que acompañó el asesinato presidencial sigue siendo severa. El desempleo, la inflación y la devaluación de la moneda local han golpeado duramente a la población, alimentando la migración irregular y la inestabilidad social. Miles de haitianos abandonan el país cada año buscando oportunidades en otros territorios del Caribe, América Central y Estados Unidos.
A nivel regional, el asesinato de Moïse fue visto como un síntoma de una crisis más amplia en gobernanza democrática en el Caribe. La investigación identificó conexiones internacionales con países como Colombia y Estados Unidos, lo que evidenció que la inestabilidad haitiana trascendía las fronteras nacionales y formaba parte de redes criminales transnacionales más complejas.
La conmemoración de este martes simboliza tanto un reconocimiento del crimen como una advertencia sobre el futuro incierto de Haití. Mientras la familia del expresidente exige justicia y el Gobierno intenta proyectar normalidad, millones de haitianos lidian diariamente con la realidad de un Estado que no puede protegerlos, empleados o alimentarlos.