Un joven de 19 años muerto en Herrera a manos de un policía. La indignación ciudadana. El presidente califica al difunto como «un animal» y promete todo el peso de la ley. El ciclo se repite, pero la pregunta permanece sin respuesta: ¿por qué cinco años después de anunciada, la reforma policial sigue sin tocar lo único verificable para el ciudadano dominicano, el trato cotidiano en la calle?
El gobierno exhibe sus logros con números: miles de agentes graduados bajo el Plan 20 Mil, cooperación técnica con España, Chile y Colombia, inversión en infraestructura y capacitación. Son cifras reales. Las estadísticas de homicidios tienen una tendencia que el Estado pregona como positiva. Los reportes de modernización llenan comunicados oficiales. Pero entre esos números y la experiencia del ciudadano promedio existe un abismo que ningún decreto ha logrado cerrar.
La brecha entre lo anunciado y lo vivido es el verdadero problema de la reforma policial dominicana. No porque los esfuerzos sean inexistentes, sino porque han permanecido fundamentalmente en el papel y en las aulas de capacitación, sin penetrar en la cultura operativa de la institución. Un agente puede tener un diploma nuevo, pero si la estructura que lo supervisa y sus incentivos permanecen intactos, el diploma es apenas un decorado.
Reformas que no llegan a las calles
La reforma policial requiere algo que los gobiernos temen enfrentar: cambiar no solo cómo se entrena al policía, sino cómo se recluta, se asciende y se sanciona. Exige modificar protocolos de uso de fuerza que siguen siendo ambiguos. Demanda cámaras corporales con supervisión real, no solo cámaras que se «pierden» en casos sensibles. Necesita investigaciones internas independientes, no procesos que protegen al uniforme antes que a la víctima.
El ciudadano no ve eso en la calle. Ve a policías que detienen sin motivo, que coaccionan, que disparan primero y preguntan después. Ve procesos disciplinarios que tardan años o simplemente desaparecen. Ve ascensos de oficiales cuestionados y traslados que funcionan como castigos políticos, no como mejoras institucionales. La reforma de escritorio no cambia esa realidad.
El Plan 20 Mil graduó miles de agentes nuevos, muchos de ellos jóvenes bien intencionados. Pero cuando esos agentes entran a comisarías donde el comandante local opera bajo lógicas de los últimos 30 años, donde no hay supervisión efectiva y donde el uso desproporcionado de fuerza es tolerado culturalmente, la capacitación nueva se disuelve. El sistema vence al individuo.
La cooperación internacional es valiosa. Los modelos de España, Chile y Colombia tienen elementos replicables. Pero el gobierno debe responder por qué, después de cinco años, esos aprendizajes no se han institucionalizado efectivamente. ¿Por qué no existen investigaciones independientes de casos de exceso policial? ¿Por qué los civiles mueren y los procesos se archivan? ¿Por qué los policías saben que pueden actuar sin consecuencias reales?
La reforma policial que el dominicano necesita no requiere más discursos presidenciales. Requiere decisiones incómodas: remover comandantes que protegen a sus hombres por encima de la ley, establecer sistemas de supervisión que cuestionen cada disparo, crear institutos independientes que investiguen muertes en custodia, castigar ejemplarmente a oficiales que abusan. Mientras eso no suceda, cada muerte en Herrera seguirá siendo respondida con frases airadas y demasiadas promesas.