El Partido Revolucionario Moderno llega a 2026 con una acumulación de poder político sin precedentes en la República Dominicana contemporánea: control total del Senado, mayoría en la Cámara de Diputados, gobiernos en la mayoría de municipios y, además, la gestión estatal en plena era de transformación digital. Esta convergencia de fuerzas raramente se repite en la historia electoral dominicana, pero también acarrea una responsabilidad histórica que el tiempo se encargará de juzgar.
La paradoja de gobernar con semejante amplitud de poder reside en que la historia no recuerda a los gobiernos por sus mayorías legislativas, sino por las reformas concretas que alteraron la trayectoria nacional. Los historiadores no dedican párrafos a cuántos diputados tenía un presidente en su bancada, sino a qué hizo con ese poder. En ese sentido, el PRM enfrenta un examen que trasciende los ciclos electorales y penetra en el legado institucional del país.
La posición mayoritaria del partido oficialista en múltiples niveles de gobierno genera, paradójicamente, tanto oportunidades como trampas. Con el Senado bajo su control, el gobierno puede impulsar reformas constitucionales o legales de envergadura. Con dominio en diputados, tiene piso firme para legislar sin negociaciones complejas con la oposición. En lo local, la gestión descentralizada de decenas de municipios le permite experimentar políticas piloto que, si funcionan, pueden escalarse a nivel nacional.
El costo político de las mayorías sin resultados
Sin embargo, esa misma magnitud de poder concentrado genera expectativas desproporcionadas entre la ciudadanía. Cuando un gobierno tiene mayoría en todas partes, los ciudadanos asumen que los obstáculos políticos para cambiar las cosas ya no existen. Las excusas institucionales pierden credibilidad. Si hay congestión vehicular en Santo Domingo, si hay cortes de agua, si persisten la corrupción o la ineficiencia estatal, la responsabilidad recae íntegramente sobre quien gobierna sin límites de veto legislativo.
La historia política dominicana ofrece casos instructivos. Gobiernos anteriores, con menos poder concentrado, dejaron legados que todavía se evalúan. Lo que define a esos gobiernos no fue cuántos votos tenían en el Congreso, sino si realizaron obras de infraestructura duraderas, si mejoraron la calidad institucional, si redujeron la pobreza de forma mensurable o si ampliaron los derechos de la ciudadanía. El PRM será juzgado con los mismos criterios.
La transformación digital que el gobierno está promoviendo representa una oportunidad genuina para modernizar el Estado. La inteligencia artificial y la informatización de trámites pueden eliminar cuellos de botella históricos que han frustrado a los dominicanos durante décadas. Pero esta ventaja tecnológica solo tiene valor si se traduce en servicios públicos más rápidos, menos corrupción y mayor transparencia.
El dilema para el PRM es estructural: el poder sin resultados visibles se convierte rápidamente en desprestigio. Las mayorías no perpetúan gobiernos; las realizaciones sí. Si al cierre del ciclo electoral el partido puede mostrar reformas educativas consolidadas, reducción demostrable de criminalidad, modernización tributaria funcional y expansión de oportunidades económicas, entonces la historia registrará su gobierno como un punto de inflexión. Si solo acumula años en el poder sin transformaciones significativas, entonces sus mayorías legislativas quedarán olvidadas, subsumidas en una administración más que en un legado.
Este es el verdadero reto que enfrenta el oficialismo dominicano: convertir poder político en poder transformador. No hay excusas visibles disponibles. La historia está atenta a qué hace el PRM con el poder que hoy concentra.