La muerte de Darlin Mercado Reyes, un adolescente de 16 años durante una intervención policial en la cañada de Guajimía, ha expuesto la fragilidad de los esfuerzos legislativos por reformar la Policía Nacional. El proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional está próximo a perimir en el Senado, enfrentando un plazo crítico que amenaza con sepultar meses de debate parlamentario sobre la transformación de una institución cuya credibilidad continúa erosionándose.
El caso del adolescente asesinado ha generado una indignación pública que trasciende las redes sociales y llega a los pasillos del Congreso Nacional. La tragedia en Guajimía no es un hecho aislado, sino el más reciente en una cadena de muertes que han cuestionado los protocolos de actuación y el uso de la fuerza por parte de los uniformados. Este contexto ha puesto a los legisladores ante un dilema incómodo: la reforma policial avanza lentamente mientras la sociedad dominicana exige cambios inmediatos.
El proyecto legislativo ha permanecido estancado en discusiones que revelan fracturas políticas profundas. No existe consenso sobre temas fundamentales como el control disciplinario interno, la independencia del mando policial respecto a presiones políticas, ni mecanismos efectivos de accountability. Los días que restan antes de que la iniciativa prescriba representan una ventana cada vez más estrecha para que el Senado defina su postura.
El reloj legislativo golpea contra la credibilidad institucional
La prescripción de un proyecto legislativo no es meramente un tecnicismo procesal. Significa que la reforma policial regresa a su punto inicial, requiriendo que nuevamente se presente ante el Congreso y comience su larga travesía burocrática. En el contexto dominicano, donde los cambios institucionales enfrentan resistencias históricas, una nueva presentación podría significar años adicionales de espera.
Mientras el reloj legislativo corre, las familias de víctimas como la de Darlin Mercado Reyes enfrentan un sistema de justicia que ha demostrado lentitud crónica. La reforma policial no solo busca cambiar procedimientos operativos; pretende establecer una nueva cultura institucional donde la protección de los ciudadanos prime sobre la impunidad. Sin embargo, la falta de voluntad política o de acuerdos parlamentarios ha mantenido el proyecto en una zona gris.
Los senadores enfrentan presiones contradictorias. De un lado, sectores de seguridad que temen perder poder discrecional. Del otro, organizaciones de derechos humanos, familias de víctimas y una ciudadanía que demanda resultados tangibles. La muerte de Darlin Mercado Reyes no debería ser solo un catalizador mediático temporal, sino el recordatorio permanente de que la inacción legislativa tiene consecuencias reales y mortales.
Los próximos días definirán si el Senado dominicano tiene la disposición política para aprobar una reforma que transforme la Policía Nacional o si permitirá que caduque otro proyecto de cambio institucional. La decisión dirá mucho sobre la prioridad real que los legisladores otorgan a la seguridad ciudadana y a la justicia para víctimas de abuso policial. En República Dominicana, donde las reformas policiales son recurrentemente anunciadas y raramente concretadas, el silencio parlamentario también es una respuesta.