Waldy Taveras, asesor especializado en temas municipales, alertó sobre la grave desorganización que existe en la aplicación de leyes y reglamentos en los ayuntamientos dominicanos, responsabilizando directamente a la falta de preparación de los ediles y a los partidos políticos por no formar adecuadamente a sus cuadros.
El experto aseguró que el 90% de los regidores desconoce cuáles son sus funciones específicas, un diagnóstico que refleja un problema estructural en la administración municipal del país. Taveras enfatizó que los partidos políticos no están cumpliendo con su deber de capacitar a los militantes y dirigentes que ocupan cargos electivos, dejando vacíos peligrosos en la gestión local.
El planteamiento de Taveras toca un nervio sensible en la política dominicana. Las alcaldías son la institución más cercana a los ciudadanos, responsables de servicios críticos como recolección de basura, mantenimiento de calles, seguridad local y gestión de recursos municipales. Cuando los regidores desconocen sus competencias, esa negligencia afecta directamente la calidad de vida de miles de dominicanos en cada municipio y distrito municipal del país.
La brecha entre la teoría legal y la práctica municipal
La Ley 176-07 que crea el Distrito Nacional y la Ley 3220 sobre Municipalidades establecen claramente las funciones de síndicos, regidores y demás autoridades locales. Sin embargo, la realidad muestra que muchos funcionarios electos desempeñan sus cargos sin conocer adecuadamente estas normas. El resultado es una aplicación inconsistente de reglamentos, decisiones arbitrarias y un debilitamiento de la institucionalidad local.
Taveras atribuye esta situación a una falla fundamental en el sistema: «Los partidos políticos no forman a sus militantes y dirigentes». Esta carencia es particularmente grave porque implica que personas sin preparación llegan a espacios donde toman decisiones que impactan presupuestos, obras públicas y políticas que afectan a comunidades enteras. No es un problema de malicia, sino de ignorancia institucional.
El desorden en la aplicación normativa genera consecuencias tangibles. Alcaldes y regidores pueden tomar decisiones que violan sus propias atribuciones, empresas locales enfrentan regulaciones interpretadas de manera diferente en cada municipio, y los ciudadanos no encuentran consistencia en cómo se aplican las normas. Esto erosiona la confianza en las instituciones y crea oportunidades para la corrupción.
La realidad es que el sistema municipal dominicano funciona más por precedentes informales que por conocimiento sólido de la ley. Los ediles aprenden sobre la marcha, copian lo que hace el predecesor, o simplemente improvisan. Esta cultura de improvisación es incompatible con una administración moderna y transparente que la ciudadanía reclama.
El diagnóstico de Taveras es crudo pero probablemente acertado: hasta que los partidos políticos no inviertan en formar adecuadamente a sus candidatos municipales y sus militantes, el desorden continuará. Una reforma de este tipo requeriría voluntad política de las cúpulas partidarias, algo que aún no se ha visto materializado en iniciativas significativas de capacitación a nivel nacional.