El Senado analiza una iniciativa legal que prohibiría a las universidades retener los títulos de grado como mecanismo de presión para cobrar gastos de ceremonia de graduación u otros conceptos relacionados con la investidura académica. El proyecto busca modificar la Ley 139-01 de Educación Superior y enfrenta un debate fundamental: si los títulos universitarios son derechos adquiridos durante la carrera o si pueden condicionarse a requisitos administrativos posterior a su aprobación.
La iniciativa presentada ante la Comisión de Educación del Senado parte de un principio claro: los títulos se ganan a lo largo de la carrera académica, no al momento de la graduación. Según la propuesta, una vez que un estudiante cumple con todos los requisitos curriculares y obtiene aprobación de sus evaluaciones finales, la universidad está obligada a expedir el documento sin condiciones adicionales. Los gastos de ceremonia, invitaciones y otros protocolos de graduación serían responsabilidad exclusiva del estudiante que desee participar en ellos.
Esta regulación responde a una práctica común en instituciones de educación superior dominicanas: retener documentos académicos hasta que los graduandos paguen cuotas por la ceremonia de investidura. Para estudiantes de sectores vulnerables, esta situación se convierte en un obstáculo que retrasa su incorporación al mercado laboral, ya que muchos empleadores exigen la presentación del título legalizado antes de formalizar contrataciones.
El debate sobre derechos académicos y obligaciones administrativas
El proyecto de ley plantea una tensión entre dos enfoques de gestión universitaria. Por un lado, están quienes consideran que la ceremonia de graduación es un evento protocolario que puede financiarse de manera independiente. Por otro lado, algunas instituciones defienden estos cobros como parte de sus ingresos operativos, especialmente en universidades privadas que utilizan estos recursos para mantenimiento y servicios.
La iniciativa establece que los títulos universitarios y documentos académicos complementarios deben entregarse sin condiciones una vez completados los requisitos de grado. Esto incluye no solo el diploma principal, sino también certificados, constancias de aprobación y legalizaciones ante notarías. La intención es desvincula la acreditación académica de los gastos ceremoniales, creando dos procesos completamente separados en términos administrativos y financiero.
Instituciones públicas y privadas han operado bajo este esquema durante décadas, generando ingresos significativos por ceremonias de graduación. El cambio normativo implicaría una restructuración en los presupuestos de varios departamentos universitarios y obligaría a replantear modelos de financiamiento que no dependan de estos conceptos.
El análisis en la Comisión de Educación del Senado todavía está en etapa inicial, pero la propuesta cuenta con fundamentos basados en derechos estudiantiles y acceso equitativo a la certificación académica. Los próximos pasos incluirán audiencias con representantes de universidades y gremios estudiantiles para evaluar el impacto real de la medida antes de una posible votación en el pleno del Senado.