Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, rechazó categóricamente cualquier postergación en la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, argumentando que retrasar su implementación beneficiaría directamente a la criminalidad. La funcionaria advirtió que el código vigente desde 1884 carece de herramientas legales para tipificar delitos contemporáneos, lo que genera un vacío normativo que facilita la impunidad en el país.
En sus declaraciones del domingo, Reynoso fue enfática al explicar que mantener el instrumento legal actual representa un obstáculo para la justicia penal dominicana. «Que el Código Penal no entre en vigencia solo favorece a la criminalidad. Es importante recordar que el que tenemos, desde el año 1884, está obsoleto para tipificar crímenes del 2026», señaló la procuradora, evidenciando la desconexión entre la legislación existente y la realidad delictiva contemporánea.
La posición de Berenice se inscribe en un contexto donde diversos sectores del país han debatido la necesidad de modernizar el marco legal penal. El nuevo Código Penal incorpora tipificaciones para delitos digitales, crímenes informáticos, feminicidio agravado y otras formas de criminalidad que simplemente no existían cuando se promulgó la legislación de finales del siglo XIX. Esta brecha temporal ha generado dificultades recurrentes en los procesos de investigación y acusación.
Un código desfasado para un país del siglo XXI
La obsolescencia del Código Penal de 1884 no es un tema nuevo en los círculos jurídicos dominicanos. Abogados penalistas, jueces y expertos en derecho han denunciado durante años la incapacidad del código para abordar delitos modernos como el cibercrimen, la trata de personas con fines de explotación digital, el fraude telemático y otros ilícitos emergentes. El nuevo código pretende cerrar estas brechas legales y dotar a los fiscales y tribunales de instrumentos más precisos y actualizados.
La insistencia de la procuradora en mantener la fecha establecida responde también a consideraciones de seguridad pública. Retrasos adicionales en la implementación prolongarían el periodo en el que criminales operan bajo un marco legal ineficaz, lo que históricamente ha facilitado la corrupción, los sobreseimientos por vicios procesales y la impunidad. Berenice plantea que cada día de demora representa una ventaja táctica para quienes operan en la ilegalidad.
El nuevo Código Penal ha sido objeto de amplias consultas y modificaciones desde su redacción inicial. Ha pasado por comisiones legislativas, audiencias públicas y revisiones técnicas que buscaban garantizar su pertinencia y constitucionalidad. La procuradora, al rechazar postergaciones, defiende el proceso legislativo completado y advierte contra los costos que implica revivir debates que, en su criterio, ya fueron procesados adecuadamente.
Este pronunciamiento de la procuradora general refleja la urgencia que el Ministerio Público dominicano asigna a la modernización del sistema penal. Sin un código actualizado, la persecución penal se ve limitada no solo por la falta de tipificaciones, sino también por procedimientos anticuados que ralentizan investigaciones y juicios. La entrada en vigencia del nuevo código representa, desde esta perspectiva, un hito institucional que fortalecería las capacidades de combate contra la criminalidad en sus manifestaciones contemporáneas.