Un empresario fue condenado este miércoles a dos años de prisión suspendida y al pago de más de 47 millones de pesos por defraudar el servicio eléctrico en perjuicio de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) y el Estado dominicano. La Primera Sala de la Cámara Penal del Distrito Judicial de Santo Domingo dictó la sentencia contra Javier Francisco Álvarez Valencia, quien será vigilado en el Centro de Corrección (CCR) Najay como parte de su condena.
La decisión judicial representa uno de los casos significativos contra el fraude eléctrico, delito que continúa generando pérdidas millonarias al sector energético nacional. La sentencia incluye medidas restrictivas de libertad que obligarán al condenado a reportarse periódicamente ante las autoridades competentes durante el tiempo que dure su pena suspendida.
El caso forma parte de los esfuerzos del sistema judicial dominicano por combatir el hurto de energía eléctrica, un problema estructural que afecta directamente la sostenibilidad financiera de las empresas distribuidoras. Edeeste, que cubre la zona este del país, ha sido víctima de múltiples esquemas de sustracción de electricidad que impactan sus operaciones y rentabilidad.
Sistema de vigilancia refuerza las sanciones penales
La imposición de reportarse al Centro de Corrección Najay complementa la pena de prisión suspendida y busca garantizar el cumplimiento de la sentencia. Este tipo de medidas restrictivas, conocidas como libertad vigilada, permite que condenados por delitos no violentos cumplan sus penas bajo supervisión estatal sin estar encarcelados, liberando espacios en las cárceles mientras se mantiene el control.
El pago de la indemnización por más de 47 millones de pesos constituye una reparación al daño causado tanto a la empresa distribuidora como al Estado. Esta cifra refleja el monto estimado del fraude cometido, que se calcula considerando el valor de la energía sustraída durante el período en que Álvarez Valencia perpetró el delito.
El fraude eléctrico es uno de los desafíos más persistentes del sector energético dominicano. Expertos han señalado que las pérdidas técnicas y comerciales, incluyendo el robo de electricidad, representan millones de dólares anuales que impactan directamente las tarifas que pagan los usuarios legales y la viabilidad de las distribuidoras.
Las sentencias condenatorias como esta buscan actuar como disuasivo frente a quienes intenten cometer fraudes similares. Sin embargo, las autoridades advierten que persiste una falta de cultura de denuncia y que muchos casos de sustracción de energía nunca llegan a los tribunales por debilidades en los procesos de detección e investigación.