El jurista Miguel Surún Hernández reconoció este viernes como avances significativos las modificaciones realizadas a 18 artículos del nuevo Código Penal que el Gobierno envió a revisión al Congreso Nacional, pero hizo un llamado explícito a la ciudadanía a mantener una vigilancia activa sobre el proceso legislativo para asegurar la protección efectiva de los derechos fundamentales dominicanos.
Surún, referente en materia de derechos constitucionales en el país, matizó su evaluación positiva con una advertencia clara: aunque las modificaciones representan pasos adelante en la codificación penal, existen aún vulnerabilidades latentes que podrían comprometer libertades esenciales. En particular, señaló que la libertad de expresión mantiene riesgos potenciales, a pesar de las garantías expresamente establecidas en la Constitución dominicana.
La posición de Surún refleja la tensión que caracteriza los debates sobre reforma penal en la región: la necesidad de actualizar marcos legales versus el riesgo de erosionar garantías ciudadanas en procesos legislativos donde pueden prevalecer intereses particulares o presiones externas. El jurista no especificó cuáles serían esos riesgos residuales, pero su advertencia sugiere que los cambios aprobados hasta ahora, aunque positivos, no cierran completamente las puertas a futuras restricciones de derechos.
Vigilancia ciudadana como garantía de derechos
La insistencia de Surún en la necesidad de que la población mantenga vigilancia sobre el Código Penal responde a una realidad política concreta: en República Dominicana, como en otros países latinoamericanos, los marcos penales han sido utilizados históricamente como instrumentos de control político y represión de disidencia. El llamado del jurista no es retórica, sino una recomendación fundada en patrones documentados de uso indebido de leyes penales contra periodistas, activistas y críticos del gobierno.
El nuevo Código Penal representa uno de los cambios legislativos más importantes de los últimos años en el país. Su redacción, revisión y eventual aprobación involucra múltiples actores: el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional, organizaciones de derechos humanos y grupos de presión que buscan influir en su contenido final. Surún, con su valoración equilibrada, intenta posicionar a la sociedad civil como actor vigilante durante una fase crítica del proceso legislativo.
Las 18 modificaciones que el Gobierno envió a revisión abren interrogantes sobre qué aspectos fueron modificados y por qué. Surún las valora positivamente, lo que sugiere que algunas disposiciones problemáticas fueron retiradas o mejoradas. Sin embargo, su insistencia en mantener vigilancia implica que estas modificaciones pueden no ser suficientes o que existen otras disposiciones problemáticas que permanecen en el texto.
La advertencia del jurista llega en un contexto donde la sociedad dominicana atraviesa debates intensos sobre seguridad ciudadana, reforma judicial y garantías individuales. La libertad de expresión, específicamente, ha sido objeto de tensiones recurrentes entre gobiernos y medios de comunicación en el país, lo que explica por qué Surún la menciona como área de riesgo persistente incluso después de las modificaciones realizadas.
El rol que Surún asigna a la ciudadanía es crucial: no ser espectador pasivo de reformas legislativas, sino participante activo que demanda transparencia, cuestiona disposiciones problemáticas y presiona por garantías reales. Esta perspectiva coincide con estándares internacionales de derechos humanos que enfatizan la participación ciudadana en procesos de reforma legislativa, particularmente en materia penal.