El senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, condenó enérgicamente la muerte de civiles a manos de la Policía Nacional durante lo que se han denominado «intercambios de disparos». En un pronunciamiento realizado este miércoles, Taveras enfatizó que, aunque es necesario combatir el delito con firmeza, el uso de la fuerza letal debe ser estrictamente regulado y justificado. “Aquí no hay pena de muerte”, afirmó, subrayando la importancia de respetar el estado de derecho.
El legislador propuso que el Senado invite a la ministra de Interior y Policía y al director general de la Policía Nacional para que expliquen las circunstancias de estas muertes y los protocolos que rigen el uso de la fuerza letal. Taveras argumentó que un agente policial no debe recurrir a la fuerza letal a menos que exista una amenaza inminente para su vida o la de otra persona, y que su uso debe ser inevitable.
Cuestionamientos sobre el uso de la fuerza
La declaración de Taveras surge en un contexto de creciente preocupación por la violencia en el país y las acciones de la Policía Nacional. En los últimos meses, varios incidentes han puesto en tela de juicio la actuación de la institución, generando un debate sobre la necesidad de reformar los protocolos de actuación. “Es fundamental que se investiguen a fondo estos casos y se apliquen las sanciones correspondientes si se determina que hubo abuso de poder”, añadió el senador.
La propuesta de invitar a las autoridades competentes al Senado refleja un llamado a la transparencia y a la rendición de cuentas en el manejo de la seguridad pública. Taveras destacó que la lucha contra el crimen no debe justificar la violación de derechos humanos. “La seguridad no puede ser excusa para la impunidad”, enfatizó, haciendo eco de las voces que piden una revisión de las políticas de seguridad en el país.
Este tipo de declaraciones son cada vez más comunes entre los legisladores dominicanos, quienes buscan equilibrar la necesidad de seguridad con el respeto a los derechos fundamentales. La posición de Taveras se alinea con un creciente clamor social que exige una reforma integral en la Policía, así como una revisión de las estrategias de combate al crimen que prioricen la vida y la dignidad de los ciudadanos.
La situación actual pone de manifiesto la complejidad del problema de la seguridad en la República Dominicana, donde la percepción de impunidad y la violencia han llevado a muchos a cuestionar la eficacia de las políticas implementadas. La intervención del Senado podría ser un paso hacia la creación de un marco más claro y justo para el uso de la fuerza por parte de las autoridades, en un país donde la confianza en la Policía sigue siendo un tema delicado.