El Senado de la República Dominicana aprobó este lunes en segunda lectura un proyecto de ley que establece la creación del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados. Esta iniciativa, que modifica la Ley 60-23 sobre la administración de bienes secuestrados, incautados y abandonados en procesos penales, busca mejorar la gestión de estos activos y destinar un porcentaje para apoyar a mujeres víctimas de violencia de género.
Con la aprobación de esta ley, se establece que un 10% de los bienes incautados se destinará a impulsar acciones en favor de las mujeres que han sufrido violencia. El proyecto introduce cambios significativos al añadir el literal D) y dos párrafos al numeral 2 del artículo 82 de la legislación vigente, lo que permitirá una mejor administración de estos bienes en el contexto de juicios de extinción de dominio.
Objetivos del nuevo instituto
El nuevo instituto tendrá como objetivo principal la custodia y administración de los bienes que sean objeto de incautación o decomiso. Además, se integrará un consejo directivo que estará presidido por el Ministerio de la Mujer, lo que subraya el compromiso del Estado con la protección de los derechos de las mujeres en situaciones vulnerables. Este consejo también incluirá representantes de otras instituciones relevantes, asegurando una gestión multidisciplinaria y efectiva.
La creación de este instituto responde a una necesidad urgente en el país, donde la violencia de género sigue siendo un problema grave. La ley busca no solo administrar los bienes incautados de manera eficiente, sino también generar recursos que puedan ser utilizados para programas de asistencia y protección a las víctimas. “Es un paso significativo hacia la justicia social y la equidad de género”, expresó un representante del Senado durante la discusión del proyecto.
Contextualmente, la modificación de la Ley 60-23 se inscribe en un marco más amplio de reformas legales que buscan fortalecer las instituciones del país y garantizar la protección de los derechos humanos. La gestión adecuada de los bienes incautados puede contribuir a la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, al tiempo que se generan recursos para causas sociales necesarias.
La aprobación de esta ley ha sido recibida con optimismo por organizaciones de derechos humanos y feministas, quienes ven en ella una oportunidad para mejorar la vida de muchas mujeres que han sido víctimas de violencia. “La creación de este instituto es un avance que puede marcar la diferencia en la vida de muchas personas”, afirmó una activista durante una rueda de prensa posterior a la aprobación.
Con esta legislación, el Senado busca no solo responder a las demandas de la sociedad civil, sino también establecer un precedente en la administración de bienes públicos y la protección de los más vulnerables. La implementación efectiva de esta ley será crucial para medir su impacto y garantizar que los recursos generados realmente beneficien a quienes más lo necesitan.