Ricardo de los Santos, presidente del Senado, rechazó este miércoles que la reforma policial sea producto de presión social o coyuntura política, argumentando que el proyecto lleva siete meses en evaluación por una comisión legislativa. El legislador respondió así a críticas de sectores opositores que vinculan el avance de la iniciativa con los recientes casos de agentes policiales implicados en actos delictivos que han generado indignación pública.
«Tiene siete meses en el Senado. No podemos hablar de aceleración cuando desde hace varios meses se viene trabajando en esto», aseguró De los Santos, rebatiendo la narrativa de que la urgencia política sea resultado de reacciones inmediatas. Según el funcionario, la comisión que estudia el proyecto ha mantenido un proceso participativo con diversos sectores de la sociedad civil, incluidas organizaciones de derechos humanos, expertos en seguridad pública y miembros de la Policía Nacional.
La declaración del presidente del Senado ocurre en un contexto de tensión política donde diferentes grupos reclaman cambios estructurales en la institución policial. Los incidentes recientes involucrando agentes—que incluyen denuncias de corrupción, abuso de autoridad y vinculaciones con bandas delictivas—han intensificado el debate público sobre la necesidad de una transformación urgente de la corporación uniformada.
El proyecto mantiene ritmo legislativo sin presiones externas
De los Santos enfatizó que el trabajo legislativo debe distinguirse de las reacciones coyunturales. «Lo que estamos haciendo es construcción institucional», precisó, indicando que los aportes recibidos durante estos siete meses han contribuido a fortalecer la propuesta. El presidente del Senado no especificó fechas exactas para la votación final del proyecto, pero subrayó el compromiso legislativo con una reforma que responda a diagnósticos técnicos más que a presiones mediáticas o sociales del momento.
La reforma policial figura entre los temas más sensibles de la agenda parlamentaria dominicana. Sectores opositores y activistas de derechos humanos han argumentado que los cambios deben ser radicales, incluyendo renovación de mandos, depuración de efectivos y restructuración de protocolos de actuación. Sin embargo, desde el Senado se mantiene un enfoque más gradual y consensuado, buscando preservar la estabilidad institucional mientras se introducen mejoras.
La posición de De los Santos refleja la tensión permanente entre legisladores y actores externos que exigen celeridad en las reformas. Mientras la Policía Nacional enfrenta cuestionamientos sobre su efectividad y legitimidad, el Senado sostiene que una reforma precipitada podría generar vacíos en la seguridad pública. El proyecto en cuestión incluiría, según ha trascendido, cambios en los sistemas de selección y capacitación de agentes, protocolos de disciplina interna y mecanismos de supervisión ciudadana.