El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, garantizó que las modificaciones al nuevo Código Penal serán aprobadas antes del próximo 3 de agosto, fecha en que la Ley 74-25 entra en vigencia. El legislador enfatizó que el Congreso dispone del tiempo necesario para analizar y aprobar las observaciones presentadas por el Poder Ejecutivo sin dejar cabos sueltos en la normativa.

«Tenemos plena garantía de que estas modificaciones serán aprobadas antes de entrar en vigencia la Ley 74-25», expresó De los Santos en declaraciones del viernes. Esta promesa responde a la presión de diversos sectores que han señalado inconsistencias en la legislación penal y buscan ajustes antes de su aplicación efectiva en el territorio nacional.

El Senado sostiene sesiones dedicadas a revisar los artículos que han generado mayor polémica en el código. Según confirmó el senador por Santiago, Daniel Rivera, los cambios se enfocarán en los puntos más controversiales de la normativa. Esta estrategia busca resolver los conflictos legales antes de que la ley comience a regir, evitando aplicaciones defectuosas que compliquen el sistema de justicia.

Contrarreloj legislativo en el Congreso Nacional

La aprobación de las modificaciones opera bajo una ventana temporal ajustada. Entre el anuncio oficial y la entrada en vigencia median apenas semanas, un margen que obliga al Congreso a acelerar los procesos de deliberación sin sacrificar la calidad del análisis. De los Santos ha asumido personalmente la responsabilidad de garantizar que no habrá retrasos en la tramitación.

Los cambios propuestos por el Ejecutivo tocan aspectos sensibles del código que afectan directamente la seguridad ciudadana, los derechos de los acusados y los procedimientos judicales. La existencia de estas observaciones revela que el Poder Ejecutivo identificó inconsistencias o vacíos legales durante la revisión previa a la promulgación de la ley.

Además de las modificaciones al Código Penal, el Senado también se prepara para aprobar en segunda lectura el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Policía. Esta tramitación simultánea demuestra el ritmo intenso de trabajo legislativo en torno a cambios en el sistema de justicia y seguridad pública dominicano.

La garantía del presidente del Senado refleja una coordinación política entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, aunque las modificaciones aún requieren aprobación formal en el pleno. El desafío ahora recae en que los senadores revisen detalladamente cada artículo modificado para evitar que nuevas inconsistencias se filtre hacia la aplicación práctica de la ley.

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