La reciente discusión sobre la Ley de Extinción de Dominio en República Dominicana ha puesto de relieve tanto las garantías como los retos asociados a su implementación. En un panel celebrado el 23 de septiembre de 2026, especialistas nacionales e internacionales abordaron la importancia de esta normativa, que busca combatir la corrupción y el lavado de activos, pero que también enfrenta desafíos significativos en su aplicación práctica.
Durante el evento, se destacó que la ley incorpora garantías fundamentales para proteger los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, los participantes coincidieron en que la falta de experiencia en su aplicación puede generar confusiones y malentendidos entre jueces, fiscales y abogados. Esto se traduce en la necesidad de una capacitación adecuada y de un marco claro que defina el alcance y los procedimientos de esta nueva figura legal.
Desafíos en la práctica judicial
Uno de los principales desafíos mencionados fue la autonomía del proceso de extinción de dominio frente a otros procedimientos judiciales. Los expertos señalaron que es crucial que los actores del sistema judicial comprendan cómo este proceso se diferencia de las acciones penales tradicionales. La falta de claridad puede llevar a una aplicación errónea de la ley, afectando no solo a las instituciones, sino también a los derechos de los ciudadanos involucrados.
Además, se discutió la necesidad de establecer criterios claros para la identificación de bienes que pueden ser objeto de extinción de dominio. La confiscación de activos debe basarse en evidencias sólidas que demuestren su vinculación con actividades ilícitas. Sin embargo, la interpretación de lo que constituye un «bien ilícito» puede variar, lo que podría dar lugar a abusos o decisiones arbitrarias.
El contexto regional también juega un papel importante en la evaluación de la Ley de Extinción de Dominio. En varios países de América Latina, se han implementado normativas similares con resultados mixtos. Algunos han logrado avances significativos en la recuperación de activos, mientras que otros han enfrentado críticas por la falta de garantías procesales. Este aprendizaje es vital para que República Dominicana evite caer en los mismos errores.
Por otro lado, los especialistas enfatizaron la importancia de la colaboración entre las instituciones del Estado y la sociedad civil. La transparencia en el proceso de extinción de dominio es esencial para generar confianza en la ciudadanía. La participación activa de la sociedad puede servir como un mecanismo de control que asegure que la ley se aplique de manera justa y equitativa.
En conclusión, la Ley de Extinción de Dominio en República Dominicana representa un avance en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos. Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad del sistema judicial para adaptarse a esta nueva realidad y de la implementación de mecanismos que garanticen los derechos de todos los ciudadanos. La capacitación y la claridad en los procedimientos serán claves para enfrentar los retos que se presentan en este camino.