El 9 de septiembre de 2023, el plazo establecido por el artículo 39 de la Ley 25-26 para que el Poder Ejecutivo emitiera el reglamento del Sistema Nacional de Alertas, conocido como Alertas RD, expiró sin que se haya presentado una respuesta oficial. A un mes de esa fecha, la incertidumbre persiste entre la ciudadanía, que espera un marco regulatorio claro para la búsqueda de personas desaparecidas en el país.
La Ley 25-26, promulgada en 2022, tiene como objetivo establecer un sistema efectivo para la localización de personas desaparecidas, especialmente menores de edad. Sin embargo, la falta de un reglamento que detalle su implementación ha generado preocupación sobre la efectividad de esta legislación. La ausencia de un protocolo claro limita la capacidad de acción de las autoridades y de la sociedad civil en situaciones críticas.
Implicaciones de la falta de reglamento
El reglamento no solo es un procedimiento administrativo; es un componente esencial para la coordinación entre diversas instituciones, como la Policía Nacional, el Ministerio Público y organizaciones no gubernamentales. Sin un marco legal que guíe estas interacciones, el riesgo de desorganización y confusión aumenta, lo que podría resultar en pérdidas irreparables.
La situación actual también plantea interrogantes sobre la voluntad política del gobierno para priorizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. La falta de respuesta ha llevado a la sociedad a cuestionar la efectividad de las instituciones encargadas de proteger a los más vulnerables. “Es un tema que no puede esperar más. Las vidas de muchas personas están en juego”, expresó un activista de derechos humanos que prefirió permanecer en el anonimato.
Históricamente, la República Dominicana ha enfrentado desafíos significativos en la búsqueda de personas desaparecidas. La creación de Alertas RD fue un paso importante hacia la mejora de estos procesos, pero la implementación efectiva depende de la voluntad de las autoridades para actuar con rapidez y transparencia. La presión de la sociedad civil y los medios de comunicación se ha intensificado, exigiendo respuestas claras y acciones concretas.
La falta de un reglamento no solo afecta a las víctimas y sus familias, sino que también socava la confianza pública en el sistema de justicia. La ciudadanía necesita ver un compromiso real por parte del gobierno para garantizar que se tomen medidas efectivas. La situación actual es un recordatorio de que la legislación sin acción no tiene valor y que la seguridad de las personas debe ser una prioridad innegociable.
En conclusión, el reglamento de Alertas RD es crucial para la protección de los ciudadanos y la efectividad de las operaciones de búsqueda. La espera prolongada por su implementación no solo refleja una falta de urgencia, sino que también pone en riesgo vidas. Es imperativo que el gobierno actúe con celeridad para establecer este marco regulatorio y así responder adecuadamente a las necesidades de la población.