El presidente Luis Abinader resolvió mantener las penas de prisión y multas para delitos contra la libertad de expresión en el nuevo Código Penal, rechazando las presiones de sectores que abogaban por su eliminación. La decisión fue comunicada este viernes mediante 18 observaciones remitidas al Senado de la República, reafirmando la postura del Ejecutivo sobre qué conductas deben seguir siendo castigadas penalmente en materia de comunicación.
Entre las disposiciones que se conservarán está el artículo 192, que tipifica como delito la difusión de audios o imágenes sin consentimiento de las personas involucradas. Esta figura legal ha generado debate público porque sectores defensores de derechos fundamentales argumentan que criminalizar ciertos actos de comunicación restringe el derecho a la información y la expresión garantizado constitucionalmente.
La posición del Ejecutivo contrasta con las recomendaciones de organizaciones internacionales y grupos de periodistas que han solicitado la despenalización de conductas relacionadas con la libertad de expresión. Estos sectores sostienen que las sanciones penales pueden ser utilizadas como herramientas de represión contra medios de comunicación y ciudadanos que ejerzan derechos fundamentales.
El dilema entre seguridad jurídica y libertades fundamentales
La decisión del Poder Ejecutivo refleja una tensión compleja en la legislación penal: cómo proteger la privacidad de las personas sin criminalizar excesivamente conductas que, en algunos contextos, podrían constituir ejercicio legítimo de la libertad de expresión. El gobierno justifica el mantenimiento de estas figuras delictivas como necesarias para resguardar la intimidad y dignidad de los ciudadanos.
Sin embargo, expertos en derecho constitucional advierten sobre los riesgos de una legislación penal excesivamente restrictiva en materia de comunicación. Mantener penas de cárcel para delitos de expresión puede desalentar el ejercicio de derechos fundamentales y crear un clima de autocensura que afecte el debate público democrático.
El nuevo Código Penal, que sustituirá al vigente desde 1884, es uno de los proyectos legislativos más importantes en trámite en el Senado. Las 18 observaciones del Ejecutivo representan ajustes estratégicos a un texto que ha sido objeto de múltiples debates y consensos entre distintos sectores.
La redacción final de estas disposiciones sobre libertad de expresión quedará en manos del Senado, que debe evaluar si mantiene la posición presidencial o acoge las solicitudes de eliminación de penas carcelarias. Esta decisión tendrá implicaciones significativas para el marco legal que regulará la comunicación pública en los próximos años.