La diputada de Fuerza del Pueblo (FP) por la provincia Santo Domingo, Tayluma Calderón, ha solicitado la exclusión de médicos y odontólogos de la responsabilidad penal en el nuevo Código Penal de la República Dominicana. Durante los debates en torno a la reforma de este código, Calderón argumentó que los profesionales de la salud deben estar protegidos de sanciones penales que puedan surgir de los riesgos inherentes a su profesión.
La propuesta de Calderón se enmarca en un contexto donde el Colegio Médico Dominicano (CMD) y el Colegio Dominicano de Odontólogos (CDO) han expresado su preocupación por las implicaciones legales que podrían enfrentar los profesionales de la salud. Según la legisladora, la reforma debería contemplar un enfoque que garantice la seguridad jurídica de estos profesionales, quienes a menudo se encuentran en situaciones complejas y de alto riesgo.
Defensa de los gremios de salud
Calderón defendió la postura de los gremios durante una sesión en la Cámara de Diputados, donde enfatizó que “la práctica médica y odontológica conlleva riesgos que no siempre están bajo el control del profesional”. La diputada resaltó que la inclusión de cláusulas que protejan a estos profesionales es fundamental para fomentar un ambiente de trabajo más seguro y menos amenazante.
El debate sobre la responsabilidad penal en el ejercicio de la medicina y la odontología no es nuevo. En varios países, se han implementado leyes que limitan la responsabilidad penal de los profesionales de la salud en casos donde se demuestra que actuaron con la debida diligencia y conforme a los estándares médicos aceptados. Calderón propone que la República Dominicana siga este ejemplo, lo que podría resultar en una mejora en la atención médica y en la confianza de los profesionales hacia su práctica.
La solicitud de la diputada ha generado reacciones mixtas en la sociedad. Algunos sectores apoyan la idea, argumentando que la protección legal es necesaria para evitar que los médicos y odontólogos se sientan intimidados al ejercer su labor. Sin embargo, otros critican la propuesta, aduciendo que podría dar lugar a la impunidad en casos de negligencia grave.
En este sentido, es crucial encontrar un equilibrio que garantice tanto la protección de los profesionales de la salud como la justicia para los pacientes. La discusión sobre la reforma del Código Penal se presenta como una oportunidad para revisar y ajustar las normativas que rigen la práctica médica y odontológica en el país, asegurando que se protejan los derechos de todos los involucrados.
La propuesta de Calderón y los gremios de salud se encuentra en el centro de un debate más amplio sobre la reforma del sistema de justicia en la República Dominicana. A medida que avanza la discusión en el Congreso, se espera que se tomen en cuenta las voces de todos los actores involucrados para lograr un marco legal que beneficie tanto a los profesionales de la salud como a los pacientes.