La ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) ha solicitado al Gobierno de Venezuela la actualización urgente de las cifras de muertos y desaparecidos tras el doble sismo que azotó al país hace 40 días. Según la organización, los datos oficiales han permanecido congelados desde el 24 de julio para los decesos y desde el 25 de junio para las personas aún sin localizar, lo que genera preocupación en la población y las familias afectadas.
Hasta la fecha, el Estado venezolano reporta un total de 157 personas desaparecidas a raíz de los terremotos, cifra que no ha sido actualizada en más de un mes. Provea enfatiza que la falta de información precisa y oportuna dificulta el proceso de búsqueda y rescate, así como el apoyo a los familiares de las víctimas. «Es fundamental que el Estado asuma su responsabilidad y brinde datos claros sobre la situación actual», afirmó un portavoz de la ONG.
Impacto de los sismos en la población
Los sismos, que ocurrieron el 24 de junio, han dejado una huella profunda en las comunidades afectadas, especialmente en el estado Anzoátegui, donde se registraron daños significativos en infraestructuras y viviendas. La incertidumbre sobre el número de víctimas y desaparecidos ha intensificado el sufrimiento de las familias que aún esperan noticias de sus seres queridos. La falta de respuestas claras por parte del gobierno ha generado un clima de desconfianza y desesperación.
Además, la situación se complica con el retorno de migrantes a Venezuela. Recientemente, 147 migrantes provenientes de Estados Unidos regresaron al país en un vuelo de repatriación tras los terremotos. Este movimiento refleja la complejidad de la crisis humanitaria que enfrenta Venezuela, donde la migración ha sido una respuesta a la inestabilidad y la falta de oportunidades. Sin embargo, el regreso de estos ciudadanos también pone de manifiesto la necesidad de atención inmediata a las víctimas de los sismos.
La ONG Provea ha instado a la comunidad internacional a prestar atención a la situación en Venezuela y a exigir al gobierno la transparencia necesaria en la gestión de crisis. «Las víctimas de estos desastres naturales merecen un tratamiento digno y justo, así como la información que les permita entender la magnitud de lo ocurrido», concluyó el portavoz de la organización.
La falta de actualización de cifras no solo afecta a las familias de los desaparecidos, sino que también refleja un patrón más amplio de desinformación y falta de rendición de cuentas por parte del Estado. A medida que la comunidad internacional observa, la presión sobre el gobierno venezolano para que actúe con responsabilidad y transparencia se vuelve cada vez más urgente.