La senadora por Puerto Plata Ginette Bournigal salió esta semana en defensa de la Policía Nacional, calificándola como «una institución renovada, honesta y profesional», en momentos en que la corporación enfrenta críticas por la muerte del joven Darlin Enmanuel Mercado Reyes, de 19 años. La legisladora rechazó que se responsabilice al cuerpo policial de manera generalizada por todos los hechos de violencia que afectan al país.
Las declaraciones de Bournigal evidencian la división de criterios que existe dentro de la clase política dominicana respecto a cómo evaluar el desempeño de las fuerzas de seguridad. Mientras algunos sectores demandan reformas institucionales profundas y mayores controles, otros argumentan que casos aislados no deben determinar la reputación de toda una institución.
«No hay derecho a que por un caso se detracte a un cuerpo policial», expresó la senadora, frase que resume su posición sobre el tema. Esta declaración se produce en un contexto donde la muerte de Mercado Reyes ha generado preocupación ciudadana sobre los protocolos de actuación de la Policía Nacional y la necesidad de rendición de cuentas en casos que resulten en fallecimientos.
El debate sobre responsabilidad institucional y casos individuales
El argumento planteado por Bournigal toca un punto neurálgico en el debate público: ¿hasta qué punto un incidente individual debe reflejar en la evaluación de una institución completa? La senadora apunta que la Policía Nacional ha experimentado cambios y mejoras, pero enfrenta el desafío de que cada caso de abuso o muerte bajo su responsabilidad refuerza la desconfianza ciudadana acumulada durante años.
La Policía Nacional ha sido objeto de críticas recurrentes por denuncias de exceso de fuerza, corrupción y falta de transparencia en investigaciones internas. Aunque existen iniciativas de capacitación y modernización, la percepción pública sigue siendo compleja. La defensa de Bournigal busca equilibrar el reconocimiento de estos esfuerzos con la realidad de que la ciudadanía continúa demandando mayores garantías de profesionalismo.
El caso de Mercado Reyes no es aislado en los registros recientes. Varias muertes bajo custodia policial han alimentado la narrativa de una institución que requiere supervisión externa más rigurosa. Defensores de derechos humanos insisten en que el patrón de incidentes sugiere problemas sistémicos, no errores puntuales.
La posición de la senadora refleja también la presión política que enfrentan algunos legisladores para no alienarse completamente de las instituciones de seguridad, especialmente cuando sus circunscripciones demandan orden público. Puerto Plata, como muchas provincias del país, experimenta problemas de inseguridad que sus habitantes vinculan tanto con la criminalidad como con la efectividad policial.
Sin embargo, la defensa institucional de Bournigal no cierra el debate sobre cómo investigar y sancionar a efectivos que cometan abuso de autoridad. El desafío para República Dominicana sigue siendo construir una Policía Nacional que sea simultáneamente respetada por su profesionalismo y controlada por mecanismos de accountability que garanticen justicia en casos de excesos.