El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, reconoció este miércoles que el nuevo Código Penal requiere ajustes tras su aprobación y respaldó la decisión de la Cámara de Diputados de abrir una nueva ronda de consultas. El legislador caracterizó la norma como «perfectible», admitiendo que existen artículos que han generado controversias en diversos sectores de la sociedad dominicana desde su implementación.
«Todo lo que hace el hombre es perfectible, tiene espacio a las mejoras», expresó De los Santos durante una consulta de prensa. Esta declaración del presidente del Senado marca un giro significativo en la postura oficial del Congreso Nacional respecto al texto aprobado hace poco tiempo, que en su momento fue presentado como una modernización fundamental del sistema penal dominicano.
La apertura de una nueva ronda de consultas responde a las críticas que ha enfrentado el Código Penal desde diversos grupos de la sociedad civil, profesionales del derecho y organizaciones especializadas. Las controversias han tocado aspectos específicos de la norma que generan preocupaciones sobre su aplicabilidad y coherencia con principios constitucionales.
El Senado reconoce necesidad de ajustes en la norma
La posición de la cámara alta, comunicada por su máxima autoridad, contrasta con la defensa a ultranza que se hizo del texto durante su proceso de aprobación. En ese momento, legisladores argumentaban que el nuevo Código Penal representaba un salto cualitativo en la administración de justicia dominicana, incorporando figuras delictivas contemporáneas y estableciendo penas más proporcionales.
Sin embargo, una vez en vigencia, la realidad ha demostrado que existen aspectos que requieren revisión. Los artículos que han generado mayor polémica incluyen disposiciones relacionadas con delitos específicos, procedimientos procesales y definiciones que juristas han cuestionado por su amplitud o ambigüedad.
La iniciativa de la Cámara de Diputados de convocar nuevas consultas representa un mecanismo democrático para corregir errores antes de que se consoliden interpretaciones judiciales problemáticas. De los Santos expresó que el Senado acompaña este proceso, lo que sugiere que la principal cámara legislativa del país podría estar dispuesta a validar enmiendas sustanciales en plazos relativamente cortos.
El reconocimiento de que un texto legal de tal envergadura admite mejoras es importante para la gobernanza institucional. El Código Penal afecta directamente el acceso a la justicia, los derechos de los ciudadanos acusados y la seguridad jurídica en el país. Por ello, la disposición legislativa a modificarlo antes de consolidar jurisprudencia problemática puede evitar años de litigios constitucionales posteriores.
La próxima fase de consultas debe incluir abogados especialistas, organismos de derechos humanos, académicos y sectores afectados por artículos específicos. Solo así se garantiza que las enmiendas respondan a críticas técnicas fundamentadas y no a presiones coyunturales.