El Ministerio Público de la República Dominicana ha decidido apelar la reciente sentencia del Tribunal Colegiado Ad Hoc de Puerto Plata, que declaró a Wander Samuel Franco Aybar culpable de abuso sexual y psicológico contra una menor de edad. A pesar de la culpabilidad, el tribunal otorgó un perdón judicial que exime a Franco de cumplir una pena, lo que ha generado un amplio rechazo en la sociedad y entre las autoridades.
La sentencia, identificada como Sentencia Penal núm. 272-02-2026-SSEN-00149, no solo absolvió a Franco de una condena efectiva, sino que también impuso una pena de 10 años de prisión a la madre de la menor, quien fue hallada culpable de complicidad en el caso. El Ministerio Público había solicitado una pena de cinco años de prisión para Franco, pero la decisión del tribunal ha sido considerada como un grave error por parte de la fiscalía.
Reacciones ante la decisión judicial
La apelación del Ministerio Público busca revertir lo que consideran una injusticia. La fiscalía argumenta que el perdón judicial no solo minimiza la gravedad de los delitos cometidos, sino que también envía un mensaje equivocado sobre la protección de los derechos de los menores en el país. «No podemos permitir que casos como este queden impunes. La justicia debe prevalecer», expresó un representante del Ministerio Público.
La decisión del tribunal ha provocado un fuerte debate en la opinión pública, con diversas organizaciones de derechos humanos y grupos feministas exigiendo una revisión exhaustiva del caso. Estas organizaciones han señalado que el perdón judicial podría desincentivar a las víctimas de abuso a denunciar, por miedo a que sus agresores no enfrenten consecuencias. «Es fundamental que el sistema judicial proteja a las víctimas y no a los agresores», afirmó una activista de derechos humanos.
El caso de Wander Franco ha puesto de relieve la necesidad de reformas en el sistema judicial dominicano, especialmente en lo que respecta a los delitos de abuso sexual. Históricamente, estos casos han sido tratados con una falta de seriedad que ha permitido que muchos agresores eviten la justicia. La apelación del Ministerio Público es un paso hacia la búsqueda de justicia en un contexto donde la protección de los menores debe ser una prioridad.
Con la apelación en curso, se espera que el Tribunal de Apelación revise el caso y tome en cuenta las preocupaciones expresadas por la fiscalía y la sociedad civil. La atención está centrada en cómo se desarrollará el proceso y si se logrará revertir la decisión que ha causado tanto descontento. La lucha por la justicia en este caso es un reflejo de un clamor más amplio por un sistema judicial más equitativo y efectivo en la República Dominicana.