El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) inició este martes un proceso de diálogo directo con la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (Adanegas) para resolver el conflicto generado por las comisiones que aplican las estaciones de combustibles a los pagos realizados con tarjetas. La reunión, encabezada por el ministro Yayo Sanz Lovatón y el director ejecutivo de Pro Consumidor Eddy Alcántara, representa un primer paso institucional para mediar entre los gasolineros y otros sectores afectados por estas prácticas comerciales.
El tema de las comisiones en transacciones con tarjetas ha generado tensiones en el sector retail dominicano durante meses. Los detallistas de gasolina argumentan que estas comisiones, impuestas por los procesadores de pagos y redes de tarjetas, erosionan sus márgenes de ganancia en un negocio operado con índices de rentabilidad ya reducidos. Por su parte, consumidores y otros sectores comerciales cuestionan si estas comisiones justifican los aumentos de precios finales que termina pagando el cliente.
Durante el encuentro, las autoridades del MICM reiteraron su disposición de actuar como mediadores imparciales entre las partes involucradas en la disputa. Esta aproximación refleja una estrategia de la cartera de Industria y Comercio de abordar conflictos sectoriales a través del diálogo y la búsqueda de consensos, evitando decisiones unilaterales que pudieran profundizar las fracturas comerciales.
Presión sobre márgenes en el sector gasolinero
Las estaciones de gasolina en República Dominicana operan con márgenes de ganancia particularmente ajustados en comparación con otros países de la región. Esto se debe a que el precio del combustible está sujeto a regulaciones que limitan la capacidad de fijación de precios autónoma de los detallistas. En este contexto, cualquier costo adicional, como las comisiones por pagos electrónicos, genera presión directa sobre la viabilidad financiera de los negocios.
El conflicto toca un punto neurálgico de la economía dominicana: la modernización de los sistemas de pago y los costos asociados. Las redes de tarjetas y procesadores de pagos cobran comisiones que varían entre el 2% y el 3%, según el tipo de tarjeta y la entidad que la emite. Para transacciones de combustible, donde los montos unitarios pueden ser significativos, estas comisiones representan cifras considerables al final del mes.
Adanegas ha venido expresando públicamente su descontento con estos cobros, argumentando que los consumidores no deberían cargar con estos costos operativos. La asociación ha planteado que si los pagos digitales generan gastos, estos deben ser absorbidos por el sistema financiero, no transferidos al consumidor final mediante incrementos en los precios del combustible.
La intervención del MICM y Pro Consumidor sugiere que el conflicto ha alcanzado un nivel de visibilidad pública suficiente como para requerer la acción estatal. Esta mesa de diálogo podría generar un precedente importante no solo para el sector de combustibles, sino para otros sectores retail que enfrentan presiones similares por comisiones en pagos electrónicos. Las próximas semanas serán determinantes para evaluar si este proceso de mediación produce acuerdos concretos o simplemente postergará las tensiones del sector.