Melymel convoca a los ciudadanos a cacerolazos diarios hasta que se derogue la reforma fiscal y se destituya a Faride Raful, directora general de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). La organización civil retoma una táctica de protesta que fue determinante en gobiernos anteriores, esta vez enfocada en tres demandas específicas: la derogación de la reforma tributaria, la remoción de la funcionaria y el rechazo al plan anticrisis del Ejecutivo.
Los cacerolazos iniciaron durante la noche del lunes en sectores adinerados de Santo Domingo como Bella Vista, Naco, El Renacimiento, Evaristo Morales, Arroyo Hondo y Herrera. Decenas de residentes salieron a las calles con ollas, calderos y cucharones, reviviendo una forma de protesta que históricamente ha demostrado capacidad para presionar cambios en las políticas gubernamentales.
La convocatoria amplía su base de reclamos más allá de la reforma fiscal. Melymel añade a su pliego de demandas el rechazo al costo de los combustibles y lo que denomina «Ley Mordaza», expresión que refleja el descontento de sectores opositores frente a legislaciones que consideran restrictivas de libertades. Este conjunto de reclamos indica una coordinación de múltiples malestares ciudadanos bajo una sola bandera de protesta.
Una táctica que regresa con fuerza política
Los cacerolazos como instrumento de presión ciudadana tienen antecedentes relevantes en la República Dominicana. Durante gobiernos anteriores, particularmente en la administración del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), estas movilizaciones jugaron un papel fundamental en el declive de la gobernanza y erosionaron la legitimidad de las políticas implementadas. Su reaparición en 2024 sugiere que Melymel evalúa esta estrategia como efectiva para forzar cambios en la administración actual.
La organización ha establecido que estos cacerolazos serán diarios, lo que implica una intención de mantener la presión de manera sostenida. Esto contrasta con protesta puntuales: la continuidad busca fatiga política en la estructura gubernamental y genera costos reputacionales significativos para los funcionarios señalados, en particular para Failde Raful.
La figura de Raful ha concentrado críticas desde sectores empresariales y medios opositores, quienes la vinculan directamente con la implementación de la reforma fiscal. Su permanencia en el cargo se ha convertido en un símbolo de la resistencia del Gobierno a ceder ante la presión pública. La demanda por su destitución es, en términos estratégicos, una exigencia de mayor viabilidad política que la derogación completa de una ley ya aprobada.
El escenario político dominicano muestra signos de fragmentación. Mientras Melymel moviliza a sectores de clase media y alta en Santo Domingo, otras organizaciones civiles y sindicales mantienen sus propias agendas de protesta. La convergencia en torno a los cacerolazos podría catalizar una acción más coordinada, aunque por ahora cada grupo mantiene sus especificidades de demanda.
Las autoridades gubernamentales aún no han emitido respuestas públicas específicas a estas convocatorias. El Ejecutivo enfrenta una ecuación compleja: ceder a las demandas implicaría reversiones legislativas y cambios administrativos que afectarían recaudos fiscales, mientras que ignorar la presión podría escalar el conflicto hacia movilizaciones de mayor magnitud.