El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales intensificó sus operativos en Guayubín, Montecristi, para detener la extracción ilegal de agregados en cauces fluviales. En coordinación con el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), las autoridades desplegaron patrullajes e inspecciones en el sector El Pocito, una zona crítica por la explotación descontrolada de materiales de construcción que compromete la estabilidad de ríos y ecosistemas locales.
La iniciativa responde a un problema recurrente en la región noroeste dominicana, donde la demanda de arena y grava para construcción ha generado una industria paralela de extracción sin permisos ni control ambiental. Guayubín ha sido identificado como uno de los puntos críticos donde operan grupos informales que socavan lechos de ríos, alterando drásticamente la geografía local y aumentando el riesgo de inundaciones en comunidades cercanas.
Los operativos incluyen inspecciones directas en los cauces y zonas de acopio de material, con el objetivo de identificar equipos utilizados en la extracción ilegal, vehículos de transporte y puntos de comercialización. Las autoridades confiscan maquinaria y maqueta infracciones contra personas y empresas involucradas en estas prácticas, aunque la efectividad ha sido limitada por la reiteración de infracciones y la falta de seguimiento legal posterior a los operativos.
Un problema estructural en Montecristi
La extracción de agregados sin control es una práctica ancestral en la región, pero su intensidad se incrementó en las últimas dos décadas con el boom de la construcción en el país. Empresas constructoras recurren a proveedores informales porque resulta más económico que adquirir material de canteras autorizadas y regularizadas. El Pocito se convirtió en un punto de fácil acceso donde operadores pueden extraer material durante la noche, evadiendo inspecciones diurnas.
El daño ambiental va más allá de la alteración visual del paisaje. La remoción masiva de sedimentos del fondo y márgenes de ríos debilita la estructura de cauces, aumenta la vulnerabilidad ante crecidas y afecta ecosistemas acuáticos. En temporada de lluvias, estos ríos comprometidos generan desbordamientos que ponen en riesgo a poblaciones asentadas en zonas bajas, particularmente en municipios como Guayubín donde la infraestructura de drenaje es deficiente.
Medio Ambiente señaló que estos refuerzos de vigilancia forman parte de una estrategia nacional más amplia para proteger recursos hídricos. Sin embargo, expertos ambientales advierten que los patrullajes intermitentes no resuelven el problema de fondo, que requiere regulación más estricta, sanciones económicas disuasivas y una revisión de permisos de extracción en canteras legales para garantizar que la oferta formal sea suficiente y competitiva con la ilegal.