El nuevo Código Penal de la República Dominicana, que entró en vigor con la Ley núm. 74-25 y las modificaciones de la Ley núm. 44-26, transforma significativamente la responsabilidad de las juntas directivas en las organizaciones. Ahora, estas no solo deben cumplir con normativas, sino que también son responsables de gestionar riesgos penales asociados a sus decisiones y acciones. Este cambio implica que los miembros de la junta directiva deben estar más atentos a la ética y la legalidad en su gestión.
Claudia Álvarez Troncoso, presidenta del Instituto de Gobierno Corporativo y Ética Dominicano (IGCED), enfatiza que la visión tradicional de cumplimiento normativo, que relegaba esta función a los oficiales de cumplimiento o al departamento legal, ha quedado obsoleta. “Las juntas directivas deben asumir un rol proactivo en la administración de riesgos penales, lo que requiere un cambio cultural en la forma en que se gestionan las organizaciones”, señala Álvarez Troncoso.
Este nuevo enfoque no solo busca prevenir delitos como el lavado de activos o la corrupción, sino que también promueve una cultura de transparencia y responsabilidad dentro de las empresas. La ley establece que los directivos pueden ser penalmente responsables si se demuestra que actuaron con negligencia o desinterés en el cumplimiento de las normas. Esto significa que la toma de decisiones debe ser más cuidadosa y fundamentada, considerando las implicaciones legales.
Implicaciones para las empresas y sus directivos
Las empresas ahora enfrentan un escenario donde la responsabilidad penal se extiende a sus líderes. Esto implica que las juntas directivas deben implementar sistemas de control interno más robustos y efectivos. “La creación de un ambiente de cumplimiento es esencial para evitar sanciones y proteger la reputación de la organización”, comenta la experta en ética y cumplimiento.
Además, se espera que las juntas directivas se capaciten en temas de ética corporativa y cumplimiento normativo. La formación continua en estos aspectos se vuelve esencial para que los directivos puedan identificar y mitigar riesgos antes de que se conviertan en problemas legales. “El conocimiento es poder, y en este caso, puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso de una organización”, añade Álvarez Troncoso.
El nuevo marco legal también promueve la colaboración entre las diferentes áreas de la empresa. La comunicación efectiva entre el departamento legal, el oficial de cumplimiento y la junta directiva es crucial para asegurar que todos estén alineados en la gestión de riesgos. La falta de coordinación puede resultar en decisiones que pongan a la empresa en una situación de vulnerabilidad legal.
En conclusión, el nuevo Código Penal dominicano redefine las reglas del juego para las organizaciones, colocando a las juntas directivas en el centro de la gestión de riesgos penales. Este cambio no solo busca proteger a las empresas, sino también fomentar una cultura de ética y responsabilidad que beneficie a la sociedad en su conjunto. La adaptación a estas nuevas exigencias será clave para el éxito y la sostenibilidad de las organizaciones en el país.