El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, advirtió que la Policía Nacional podría enfrentar demandas civiles por daños y perjuicios derivadas de muertes de jóvenes durante intervenciones policiales. El funcionario sostiene que estos casos generan responsabilidad patrimonial para el Estado, lo que abre una nueva dimensión legal en casos de exceso policial más allá de lo penal.
La advertencia ocurre mientras el país continúa registrando muertes de civiles en operativos policiales, generando creciente preocupación entre organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas. Santos utilizó el caso de Darlin Mercado, de 19 años, como ejemplo emblemático de una tendencia que requiere responsabilidad tanto institucional como financiera del Estado dominicano.
La posición del director de la Defensa Pública introduce un elemento crucial en el debate nacional sobre uso de la fuerza. Más allá de las investigaciones penales contra agentes policiales involucrados, las familias de las víctimas pueden accionar contra el Estado mediante demandas civiles. Este mecanismo obliga al Poder Ejecutivo a asumir costos económicos significativos por concepto de indemnizaciones.
Las responsabilidades del Estado van más allá de lo criminal
En sistemas judiciales democráticos, la responsabilidad patrimonial estatal es un principio fundamental. Cuando agentes del Estado, en ejercicio de sus funciones, causas daños a civiles, el erario público responde ante las víctimas. En la República Dominicana, este mecanismo existe pero ha sido poco utilizado en casos de muertes policiales, principalmente por falta de conocimiento o limitaciones en el acceso a la justicia civil.
La advertencia de Santos sugiere que esta brecha podría cerrarse. Las familias de jóvenes fallecidos en operativos policiales ahora tienen una herramienta adicional: demandar al Estado directamente por daños morales, lucro cesante y daño emergente. Esto significa que instituciones como la Procuraduría General de la República podrían verse obligadas a defender al Estado en múltiples frentes judiciales simultáneamente.
El impacto presupuestario es significativo. Cada sentencia que condena al Estado al pago de indemnizaciones representa recursos que salen de arcas públicas destinadas a otros servicios. Esto genera un incentivo financiero para que las instituciones policiales sean más rigurosas en sus protocolos de uso de la fuerza y capacitación de sus agentes.
La advertencia del director de la Defensa Pública llega en un contexto donde la Policía Nacional enfrenta críticas persistentes por muertes de civiles catalogadas como sospechosas. Organizaciones como Amnistía Internacional y colectivos locales de derechos humanos han documentado casos donde las explicaciones oficiales de los operativos no coinciden con versiones de testigos o hallazgos preliminares.
Santos enfatiza que reconocer la responsabilidad patrimonial del Estado no es sinónimo de debilidad institucional, sino de madurez democrática. Países como Chile, México y Argentina han enfrentado demandas similares, generando reformas profundas en protocolos policiales. La presión económica y reputacional funciona como mecanismo correctivo cuando otros fallan.
La carga probatoria en demandas civiles es menor que en procesos penales. Mientras que criminalmente se requiere culpabilidad más allá de duda razonable, civilmente basta demostrar por preponderancia de pruebas que hubo negligencia o abuso. Esto abre puertas legales que antes parecían cerradas para las familias de víctimas.