Tres agrupaciones políticas dominicanas cuestionaron este jueves la versión oficial sobre la muerte de Darlin Mercado, un joven fallecido en el sector La Cañada de Guajimía, Herrera, y denunciaron que los decesos atribuidos a la Policía Nacional alcanzaron 147 casos en 2026. Durante una rueda de prensa conjunta, Alianza País, Frente Amplio y Opción Democrática coincidieron en señalar que este homicidio representa un patrón sistemático de violencia policial, no un incidente puntual.
Guillermo Moreno, vocero de Alianza País; María Teresa Cabrera, del Frente Amplio; y Miguel Alejandro Martínez, de Opción Democrática, presentaron datos que contrastan con la narrativa institucional. Los representantes advirtieron que la cifra de 147 muertes en un año evidencia una crisis de control y supervisión dentro de la corporación policial que trasciende cualquier justificación de enfrentamientos legítimos.
Los partidos cuestionaron los protocolos de uso de la fuerza y exigieron investigaciones independientes para cada caso. Señalaron que la mayoría de estas muertes se producen en contextos donde la legítima defensa policial resulta dudosa, especialmente en barrios vulnerables donde habita población de escasos recursos. La denuncia coincide con crecientes preocupaciones internacionales sobre prácticas coercitivas en la región.
Un sistema sin rendición de cuentas
La coalición política enfatizó la ausencia de mecanismos efectivos de fiscalización interna dentro de la Policía Nacional. Argumentaron que la mayoría de agentes involucrados en muertes no reciben sanciones penales proporcionales, generando un ambiente de impunidad que estimula nuevos excesos. Además, criticaron la lentitud en los procesos judiciales y la influencia de presiones institucionales en las investigaciones.
Los representantes subrayaron que Darlin Mercado no es el primer caso que genera dudas sobre las circunstancias reales del fallecimiento. En los últimos meses, múltiples familias han cuestionado versiones oficiales sobre enfrentamientos, alegando que sus deudos fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Las agrupaciones convocaron a la sociedad civil y organismos de derechos humanos a presionar por cambios estructurales en la institución policial.
La denuncia de los partidos ocurre en momentos cuando la seguridad ciudadana permanece como una de las principales preocupaciones del país. Aunque el gobierno enfatiza los éxitos operacionales contra la criminalidad organizada, el costo en vidas civiles y la credibilidad institucional continúan erosionándose. Las agrupaciones demandaron una reforma integral en los protocolos de entrenamiento, supervisión y disciplina dentro de la corporación para frenar la escalada de muertes atribuidas a policías.