A partir del 13 de octubre, el juicio de fondo contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y el empresario Jochi Gómez, se llevará a cabo los martes y viernes en el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Ambos están acusados, junto a otras ocho personas, de presuntamente estafar al Estado y de saboteo a la red semafórica en el año 2024.
La decisión de establecer estos días para las audiencias fue tomada el pasado martes, justo antes de que se recesara la audiencia debido a la presentación de una licencia médica. La acusación sostiene que los imputados participaron en un esquema de corrupción que afectó la operatividad del sistema de tránsito en el país, generando un impacto negativo en la seguridad vial.
Detalles del caso y su repercusión
El caso ha captado la atención del público y de los medios de comunicación, dado el perfil de los acusados y la gravedad de las imputaciones. La fiscalía ha presentado pruebas que, según indican, demostrarían la responsabilidad de Beras y Gómez en la manipulación de contratos y recursos destinados a mejorar la infraestructura vial. La red semafórica, que es crucial para la regulación del tráfico en las principales avenidas del país, se vio afectada por fallos que, según los informes, fueron provocados intencionalmente.
La audiencia inicial se había llevado a cabo en un ambiente tenso, con un gran número de seguidores de ambos imputados en las afueras del tribunal, lo que refleja la polarización que este caso ha generado. La defensa de Beras y Gómez ha argumentado que las acusaciones son infundadas y que se trata de un ataque político. “Estamos seguros de que la verdad saldrá a la luz y que se demostrará nuestra inocencia”, afirmó uno de los abogados defensores.
Este juicio no solo es significativo por las figuras involucradas, sino también por lo que representa en términos de la lucha contra la corrupción en la República Dominicana. La sociedad civil ha estado atenta a este caso, esperando que se tomen decisiones que fortalezcan la confianza en las instituciones y en el sistema judicial del país. La transparencia en este proceso será crucial para el futuro de la justicia en la nación.