Cada escándalo de seguridad en República Dominicana sigue el mismo patrón: un agente es señalado, un protocolo resulta insuficiente, o se culpa a las condiciones sociales. Mientras tanto, quienes dirigen el Ministerio de Interior y Policía permanecen al margen del debate público sobre resultados. Esta dinámica revela un problema estructural: la falta de rendición de cuentas en la cúpula de la seguridad ciudadana, que es donde realmente residen las decisiones estratégicas, el presupuesto y la responsabilidad política.
El patrón es predecible. Tras cada incident que conmueve al país, la narrativa oficial distribuye culpas hacia los márgenes del sistema. Se responsabiliza al elemento de calle, al comandante de turno, a fallas procesales o a factores externos que escapan supuestamente del control institucional. Lo que nunca aparece en el discurso oficial es una evaluación clara de quién diseña, implementa y supervisa la política de seguridad. En una democracia funcional, cuando una política pública fracasa en sus objetivos, sus directores deben enfrentar consecuencias políticas y, en casos graves, legales.
Este esquema de evasión de responsabilidad tiene consecuencias reales. Genera impunidad institucional, erosiona la confianza ciudadana y perpetúa ciclos de violencia sin que se cuestionen las estrategias fundamentales. Si los indicadores de seguridad empeoran, si hay ejecuciones extrajudiciales, si persisten los secuestros, si las tasas de criminalidad se disparan, entonces quienes tienen el poder ejecutivo y presupuestario sobre la policía deben explicar públicamente qué salió mal en su gestión y cuáles son las correcciones.
El debate que falta: liderazgo y resultados
En democracias consolidadas, los ministros de Interior o Seguridad dimiten cuando sus políticas fallan. No es castigo arbitrario; es accountability. En República Dominicana, ese nivel de exigencia institucional no existe. Los titulares de Interior y Policía pueden permanecer en sus cargos indefinidamente, independientemente de los resultados cuantitativos y cualitativos de la seguridad pública. Los ciudadanos no tienen claridad sobre qué métricas definen el éxito o fracaso de la gestión ni quién responde por ello.
La responsabilidad difusa es cómoda para quienes ocupan posiciones de poder. Permite mantener la narrativa de que cada incidente es una anomalía, no un síntoma sistémico. Pero los números no mienten: homicidios, robos, tráfico de drogas y violencia sexual persisten a niveles críticos, a pesar de millones invertidos en salarios policiales, equipamiento y operativos. En algún punto, debe cuestionarse si el problema es la ejecución de una buena política o la política misma, y eso es responsabilidad directa de la dirección.
La rendición de cuentas no significa que el ministro de turno sea responsable de cada bala disparada. Significa que debe responder por la dirección general, por las decisiones estratégicas, por la asignación de recursos, por el entrenamiento, por la supervisión y por las políticas que diseña. Si esas decisiones no producen mejoras en los indicadores de seguridad, entonces la gestión debe ser cuestionada públicamente y modificada o sustituida. Es el mínimo exigible en un sistema democrático.
La pregunta entonces es clara: ¿está la sociedad dominicana dispuesta a exigir que quienes dirigen la seguridad ciudadana respondan por sus resultados, o seguirá el país permitiendo que la responsabilidad se diluya hacia agentes individuales mientras las estrategias fracasadas permanecen intactas en el escritorio del ministro?