El Ministerio Público (MP) detuvo a Cándido Fausto Félix Abreu Corona, un hombre de 75 años, en La Vega, tras ser condenado a 20 años de prisión por contratar a un individuo para atacar a su expareja con una sustancia corrosiva. Este hecho, ocurrido en la provincia de Santiago, había llevado a la revocación de su excarcelación, lo que motivó la acción de la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec), bajo la dirección de la fiscal Andry De Los Santos.
La condena de Abreu Corona se deriva de un caso que conmocionó a la sociedad dominicana, donde la violencia de género se ha convertido en un tema crítico. El ataque con ácido, que dejó secuelas físicas y emocionales en la víctima, es un recordatorio de los extremos a los que pueden llegar los agresores. La decisión del tribunal de revocar su excarcelación fue un paso importante en la lucha contra la impunidad en casos de violencia hacia la mujer.
Contexto sobre la violencia de género en República Dominicana
La violencia de género es un problema persistente en la República Dominicana, donde las estadísticas revelan un aumento alarmante en los casos de agresiones. Según datos del Observatorio de Género, miles de mujeres sufren cada año diferentes formas de violencia, y el uso de sustancias corrosivas es uno de los métodos más brutales. Este tipo de agresiones no solo causa daño físico, sino que también impacta profundamente la salud mental de las víctimas.
El arresto de Abreu Corona se produce en un contexto donde las autoridades han intensificado sus esfuerzos para combatir la violencia de género. La Ucaprec ha estado activa en la captura de individuos que han eludido la justicia, asegurando que aquellos condenados cumplan con sus penas. «Este arresto es una muestra de que la justicia no se detiene y que los agresores enfrentarán las consecuencias de sus actos», afirmó la fiscal De Los Santos.
La resolución penal que permitió el arresto de Abreu Corona, identificada como 212-01-2026-SRES-00236, destaca la importancia de la colaboración entre las instituciones judiciales y el MP para garantizar la seguridad de las víctimas. La sociedad dominicana observa con atención cómo se desarrollan estos casos, esperando que se tomen medidas efectivas para prevenir futuros ataques y proteger a las mujeres.