El presidente Luis Abinader ha anunciado la implementación de pensiones especiales de RD$40,000 mensuales para 29 notarios que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Esta medida, que incluye un seguro médico, se formalizó a través del decreto número 674-26 y comenzará a ejecutarse a partir del 18 de noviembre de este año.
La decisión ha sido calificada como histórica por el presidente del Colegio Dominicano de Notarios (CODENOT), Jhon Richard Paniagua Féliz, quien destacó que es la primera vez que se incorpora a miembros del gremio a un sistema de protección social de este tipo. “Este es un paso significativo hacia el reconocimiento de la labor de los notarios en el país”, afirmó Paniagua Féliz.
Contexto de la medida
La situación de vulnerabilidad que enfrentan algunos notarios en la República Dominicana ha sido un tema de preocupación durante años. Muchos de ellos, tras décadas de servicio, se encuentran sin un respaldo económico adecuado al llegar a la jubilación. La nueva pensión busca mitigar estas dificultades y proporcionar una red de seguridad a quienes han dedicado su vida a la función notarial.
El otorgamiento de estas pensiones no solo representa un alivio económico, sino también un reconocimiento a la importancia del trabajo notarial en el sistema legal dominicano. El notariado juega un papel crucial en la formalización de documentos y en la garantía de la legalidad de los actos, lo que subraya la necesidad de cuidar a quienes ejercen esta profesión.
Además, esta iniciativa se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio del gobierno por atender a los sectores más vulnerables de la sociedad. A través de diversas políticas públicas, la administración de Abinader ha buscado ofrecer apoyo a grupos que históricamente han sido marginados, y esta medida es un claro ejemplo de ello.
Con el inicio de los desembolsos programados, se espera que estos recursos contribuyan a mejorar la calidad de vida de los notarios beneficiados y sus familias. La implementación de este sistema de pensiones podría sentar un precedente para futuras políticas de protección social en otros gremios profesionales en el país.